La Semanita
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De parking fantasma a ruina consentida
Cada rincón olvidado de Aranda de Duero cuenta una historia. Una historia de oportunidades perdidas, de recursos públicos mal gestionados, y, sobre todo, de políticos y expolíticos que prefieren mirar a otro lado (más últimamente) . El caso del parking Sol de las Moreras es solo la punta del iceberg. Es el espejo de una realidad más amplia: la dejadez histórica en la gestión de los bienes públicos bajo los gobiernos del PP y PSOE en nuestra ciudad. Y lo que asusta no es solo el estado de abandono, sino la factura que esta desidia nos está pasando… y la que aún queda por pagar.
Construido para ser solución al tráfico del centro y una mejora en la movilidad urbana, el parking subterráneo de Sol de las Moreras se ha convertido en una ruina económica sostenida. Durante 20 años, la empresa concesionaria no ha pagado el canon anual al Ayuntamiento. Sí, han leído bien: dos décadas sin pagar ni un euro (o una peseta ya que su contrato sigue sin actualizar).
Mientras los sucesivos equipos de gobierno se enredaban en informes, técnicos y excusas sin fin. ¿Cómo es posible que algo tan grave haya pasado inadvertido? No lo es. Lo sabían los concejales responsables. Pero callaron. Y hoy el silencio cuesta caro, de esto y de lo que queda por saber.
No es el único caso. La plaza de toros, otro bien de titularidad pública, sigue sumida en la incertidumbre, los litigios y el deterioro. ¿Cómo hemos llegado a una situación en la que un espacio que podría estar al servicio de la cultura, el deporte o el turismo es ahora un problema judicial, económico y político?
Ambos casos comparten algo más que la desidia: comparten responsables (tiren de hemeroteca). Porque PP y PSOE han gobernado alternativamente durante todos estos años, tratando Aranda como si de un patio de colegio se tratara. Y en ambos casos, su inacción ha generado pérdidas millonarias.
El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas son claras: los bienes públicos deben ser gestionados con eficacia, eficiencia y en beneficio del interés general. Existen obligaciones legales de control, actualización de inventarios, seguimiento de contratos y exigencia de responsabilidades a concesionarias que incumplen.
En este sentido, es especialmente llamativo que el último inventario completo de bienes del Ayuntamiento de Aranda data de hace más de una década. ¿Cómo puede una administración local cumplir la ley si ni siquiera tiene actualizado su propio patrimonio?
El mandato de mantener, inventariar y rentabilizar el patrimonio público no es una opción política, es una obligación legal. Y su incumplimiento podría ser objeto incluso de responsabilidad patrimonial, e incluso penal si existiera dolo o negligencia grave.
El discurso oficial siempre vuelve al mantra de “falta de recursos” que tenían en su momento, pero una servidora se pregunta si esa misma “falta de recursos” ¿no es igual de acusada ahora o mayor por la fuga de cerebros?, pero aquí no faltó dinero: lo que faltó fue voluntad y buenos gestores.
Las consecuencias no son solo económicas. Son sociales y políticas. Porque cuando se malgasta o se deja perder el patrimonio público, se debilita la confianza ciudadana, se castiga la participación social y se bloquea el desarrollo local. Y la factura es doble: por un lado, el dinero que no se ingresa. Por otro, el coste de no haber hecho nada útil con esos espacios.
Si sumamos las pérdidas acumuladas por el impago del parking, los costes judiciales y el deterioro de la plaza de toros, los años de cierre de locales municipales, Aranda ha podido perder varios millones de euros en valor patrimonial y oportunidades de inversión social.
No se trata solo de criticar el pasado. Se trata de exigir responsabilidad. Porque la gestión del patrimonio público no puede ser una cuestión de olvido o desidia. Es una cuestión de compromiso democrático.
PP y PSOE no pueden seguir instalados en la impunidad del “ya pasó”. Han sido responsables de esta decadencia patrimonial y deben rendir cuentas, tanto políticas como administrativas. La ciudadanía tiene derecho a saber quién no actualizó los inventarios, quién no revisó los contratos, quién no reclamó los pagos pendientes y ¿qué motivos había realmente para estas acciones? Y si también tiene derecho a exigir que se depuren responsabilidades, si existieran.
Necesitamos una Aranda que apueste por lo público, no que lo abandone. Que vea los locales municipales como un activo, no como un problema. Que revise sus concesiones y contratos de forma transparente, que impulse auditorías ciudadanas del patrimonio y que garantice que cada metro cuadrado de bien público esté al servicio del interés común.
Lo que está en juego no es solo el pasado, sino el futuro de una ciudad que no puede seguir pagando los errores de quienes confundieron gobernar con jugar a peleas en el patio de colegio.
Cada rincón olvidado de Aranda de Duero cuenta una historia. Una historia de oportunidades perdidas, de recursos públicos mal gestionados, y, sobre todo, de políticos y expolíticos que prefieren mirar a otro lado (más últimamente) . El caso del parking Sol de las Moreras es solo la punta del iceberg. Es el espejo de una realidad más amplia: la dejadez histórica en la gestión de los bienes públicos bajo los gobiernos del PP y PSOE en nuestra ciudad. Y lo que asusta no es solo el estado de abandono, sino la factura que esta desidia nos está pasando… y la que aún queda por pagar.
Construido para ser solución al tráfico del centro y una mejora en la movilidad urbana, el parking subterráneo de Sol de las Moreras se ha convertido en una ruina económica sostenida. Durante 20 años, la empresa concesionaria no ha pagado el canon anual al Ayuntamiento. Sí, han leído bien: dos décadas sin pagar ni un euro (o una peseta ya que su contrato sigue sin actualizar).
Mientras los sucesivos equipos de gobierno se enredaban en informes, técnicos y excusas sin fin. ¿Cómo es posible que algo tan grave haya pasado inadvertido? No lo es. Lo sabían los concejales responsables. Pero callaron. Y hoy el silencio cuesta caro, de esto y de lo que queda por saber.
No es el único caso. La plaza de toros, otro bien de titularidad pública, sigue sumida en la incertidumbre, los litigios y el deterioro. ¿Cómo hemos llegado a una situación en la que un espacio que podría estar al servicio de la cultura, el deporte o el turismo es ahora un problema judicial, económico y político?
Ambos casos comparten algo más que la desidia: comparten responsables (tiren de hemeroteca). Porque PP y PSOE han gobernado alternativamente durante todos estos años, tratando Aranda como si de un patio de colegio se tratara. Y en ambos casos, su inacción ha generado pérdidas millonarias.
El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas son claras: los bienes públicos deben ser gestionados con eficacia, eficiencia y en beneficio del interés general. Existen obligaciones legales de control, actualización de inventarios, seguimiento de contratos y exigencia de responsabilidades a concesionarias que incumplen.
En este sentido, es especialmente llamativo que el último inventario completo de bienes del Ayuntamiento de Aranda data de hace más de una década. ¿Cómo puede una administración local cumplir la ley si ni siquiera tiene actualizado su propio patrimonio?
El mandato de mantener, inventariar y rentabilizar el patrimonio público no es una opción política, es una obligación legal. Y su incumplimiento podría ser objeto incluso de responsabilidad patrimonial, e incluso penal si existiera dolo o negligencia grave.
El discurso oficial siempre vuelve al mantra de “falta de recursos” que tenían en su momento, pero una servidora se pregunta si esa misma “falta de recursos” ¿no es igual de acusada ahora o mayor por la fuga de cerebros?, pero aquí no faltó dinero: lo que faltó fue voluntad y buenos gestores.
Las consecuencias no son solo económicas. Son sociales y políticas. Porque cuando se malgasta o se deja perder el patrimonio público, se debilita la confianza ciudadana, se castiga la participación social y se bloquea el desarrollo local. Y la factura es doble: por un lado, el dinero que no se ingresa. Por otro, el coste de no haber hecho nada útil con esos espacios.
Si sumamos las pérdidas acumuladas por el impago del parking, los costes judiciales y el deterioro de la plaza de toros, los años de cierre de locales municipales, Aranda ha podido perder varios millones de euros en valor patrimonial y oportunidades de inversión social.
No se trata solo de criticar el pasado. Se trata de exigir responsabilidad. Porque la gestión del patrimonio público no puede ser una cuestión de olvido o desidia. Es una cuestión de compromiso democrático.
PP y PSOE no pueden seguir instalados en la impunidad del “ya pasó”. Han sido responsables de esta decadencia patrimonial y deben rendir cuentas, tanto políticas como administrativas. La ciudadanía tiene derecho a saber quién no actualizó los inventarios, quién no revisó los contratos, quién no reclamó los pagos pendientes y ¿qué motivos había realmente para estas acciones? Y si también tiene derecho a exigir que se depuren responsabilidades, si existieran.
Necesitamos una Aranda que apueste por lo público, no que lo abandone. Que vea los locales municipales como un activo, no como un problema. Que revise sus concesiones y contratos de forma transparente, que impulse auditorías ciudadanas del patrimonio y que garantice que cada metro cuadrado de bien público esté al servicio del interés común.
Lo que está en juego no es solo el pasado, sino el futuro de una ciudad que no puede seguir pagando los errores de quienes confundieron gobernar con jugar a peleas en el patio de colegio.
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