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En Aranda de Duero tenemos un problema que, aunque parezca particular, afecta de lleno a la generalidad de la ciudadanía. Un problema que lleva demasiados años sobre la mesa, y que siempre se adereza con versiones oficiales que, al escucharlas, parecen más excusas que explicaciones. Me refiero al eterno retraso de la Universidad de Burgos para implantar grados en nuestra villa.
El rector ha vuelto a pronunciarse: Aranda “tendrá que esperar”. Y no es la primera vez que escuchamos esa coletilla. La diferencia es que ya no suena a prudencia académica ni a burocracia inevitable: suena a desgana, incluso a desprecio. Porque si algo ha demostrado la UBU con Aranda es su capacidad para dar largas. Llevamos décadas oyendo anuncios, compromisos, planes que nunca llegan. Y mientras tanto, cada curso que pasa es un curso perdido para nuestra juventud y de oportunidades de crecimiento para la población.
En este escenario, la sensación es inevitable: parece que el rector tiene algo personal contra la villa, o incluso favoritismos políticos y que con unos se anunciaba a “bombo y platillo” y con otros solo se escuchan desprecios en reuniones informales en foros con diputados y congresistas de PP y PSOE. No hay otro modo de entender cómo una ciudad cabecera de comarca, con población, infraestructuras y demanda suficientes, sigue siendo tratada como si pidiera un capricho. No se trata de un lujo, se trata de un derecho. La educación y la cultura, al igual que la sanidad, son pilares fundamentales gratuitos de nuestra sociedad. Y en Aranda de Duero, ese derecho se está quedando en papel mojado, pero no en poblaciones gobernadas por “amigos eternos” como es por ejemplo Miranda de Ebro (PSOE).
Lo que sí avanza es la iniciativa privada. Centros que, sin ocultar su legitimidad, están haciendo el agosto con quienes pueden pagarlo. Familias que se ven obligadas a hipotecar sus ahorros, estudiantes que dependen de becas insuficientes para costear matrículas elevadas… Y quienes no pueden, simplemente se quedan fuera. Porque no todos los hogares pueden pagar un alquiler en Madrid, Valladolid o Salamanca. Porque no todas las familias pueden permitirse enviar a sus hijos e hijas a estudiar fuera, ni todas las familias pueden permitirse pagar la matricula de la universidad privada que se vende como una panacea.
Quizá convendría que desde la Universidad de Burgos se explicaran con transparencia cuáles son los motivos reales de esta resistencia. Porque, si no, la conclusión es evidente: en esta historia sobran palabras huecas y falta compromiso real, sobra ideología política de algún rector, ya que con PSOE se hace fotos en comidas y reuniones informales y con PP querían universidad a toda costa, y lo más importante es que falta respeto por una necesidad histórica en Aranda de Duero.
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