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Aranda de Duero entra de lleno en un nuevo ciclo de elecciones autonómicas en Castilla y León con un problema estructural sin resolver (bueno uno de muchos) : la ausencia de una universidad pública en la ciudad. Un déficit histórico que, lejos de avanzar, vuelve a quedar atrapado entre promesas, silencios institucionales y una preocupante falta de compromiso real por parte de quienes tienen capacidad de decisión.
Y aquí conviene señalar responsabilidades claras.
PSOE y PP: responsabilidades compartidas, silencios distintos
Por un lado, el PSOE, con representación en las Cortes de Castilla y León y con peso institucional suficiente, no ha querido hacer llevar la reivindicación universitaria de Aranda de Duero como un asunto central y recurrente al Parlamento autonómico. No basta con declaraciones locales o buenas palabras en campaña: la universidad pública en Aranda de Duero debería haber sido ya punto del día en las Cortes, con iniciativas claras, votaciones y compromisos presupuestarios encima de la mesa.
Por otro lado, el PP, que gobierna la Junta de Castilla y León, es quien ostenta la responsabilidad directa (de momento). Y aquí el reproche es aún mayor: no ha apostado de forma firme y pública por implantar la universidad en Aranda de Duero ni ha defendido abiertamente que la ciudad merece estudios universitarios públicos propios. No es suficiente con que cargos locales o provinciales muestren su apoyo; lo que se exige es que toda la Junta se implique, que lo haga suyo y que, si es necesario, empuje y exija a la Universidad de Burgos para que esa implantación sea una realidad.
Porque sí, la UBU es parte del problema, pero la planificación universitaria y la financiación dependen de la Junta. Sin voluntad política autonómica, no habrá universidad en Aranda.
Mientras en Aranda estamos gastando dinero público en un edificio concebido para uso universitario, un espacio moderno, renovado y costoso, cuya finalidad académica sigue sin concretarse. Las obras avanzan, los presupuestos se incrementan, pero la universidad pública no llega ni la esperamos.
Este escenario alimenta un temor cada vez más presente en la calle: que si la universidad pública no se implanta, el edificio termine en manos de una universidad privada. Una opción que, aunque se maquille con la concesión de algunas plazas para alumnado local, supone desvirtuar por completo el sentido del proyecto y las garantías para la juventud de nuestra villa.
Un edificio pagado con dinero de todos debe servir a la educación PÚBLICA, no convertirse en una oportunidad de negocio para entidades privadas.
La realidad es incómoda, pero clara: si no nos movilizamos, esto no va a cambiar. La presión institucional no ha sido suficiente y la experiencia demuestra que sin una reivindicación ciudadana fuerte, sostenida y visible, la universidad seguirá siendo una promesa eterna.
Si no se actúa ahora, corremos el riesgo de acabar con un edificio magnífico, moderno y caro, financiado con dinero público, utilizado por una universidad privada, mientras la universidad pública vuelve a pasar de largo.
ACUÉRDATE DE ESTO ANTES DE VOTAR
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