Piden que se investigue sobre el origen de la contaminación de varios pozos

A través de una denuncia presentada al Ayuntamiento de Aranda, Servicio Territorial de Medio Ambiente, Consejería de Fomento, Seprona y Confederación Hidrográfica del Duero; los 18 propietarios de las parcelas cercanas al centro de transferencia de residuos industriales Ecoaranda, situado en la carretera de La Aguilera de Aranda de Duero, piden a las administraciones que investiguen si la contaminación del agua que están sufriendo sus pozos se debe a los vertidos y lodos con los que trabaja esta empresa.

Una empresa que el pasado 14 de agosto fue clausurada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Burgos de forma cautelar, que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento y que no cuenta, señalan en la denuncia, con la perceptiva licencia ambiental para una de sus parcelas. Y es que si bien le mercantil solicitó en su día ese permiso para cuatro parcelas (210, 217, 222 y 224) no lo ha hecho para la quinta de ellas, la 223, que tampoco posee autorización de uso excepcional de suelo, comentan los afectados.

Unos afectados que también han requerido presencia policial durante la clausura cautelar, porque han visto cómo se estaba trabajando en ella. “Desde cierre todo lo que había ya no está en la parcela, llamamos al 112 y la desde la policía local nos dijeron que mientras se tramitaba el procedimiento ellos podían trabajar”, explica la abogada María de las Viñas Ortuño, que representa a las familias afectadas por esta situación y forma parte, al mismo tiempo, de una de ellas. “Entendemos que la contaminación del agua se debe a que se ha filtrado al suelo, porque tiene lodos líquidos en una balsa”, señala, añadiendo que “en una semana y media ha estado moviendo los lodos con la grúa de un lado a otro de la parcela”, indica.

Llama la atención a los propietarios de la parcelas colindantes la tramitación que se ha hecho con los diferentes expedientes que conciernen a estas parcelas. En concreto a la que se refiere a la 223. Porque si bien nunca se ha solicitado por parte de la empresa licencia ni autorización excepcional de suelo, explican, sí que se le otorgó en diciembre de 2019 el permiso para realizar operaciones de tratamiento de residuos en el proyecto de ampliación de la capacidad de tratamiento y la modificación de la actividad de compostaje. “Además se afirma por parte de la Junta que dispone en todas las parcelas de uso excepcional de suelo cuando no es así”, explican.

Añaden a todos esos interrogantes otro más, el porqué la planta ha estado desarrollando “al menos desde 2010” labores de gestión sin autorización cuando esta se dio en 2015. Y un tercero, que mientras que la capacidad máxima de tratamiento autorizada es de 1.130 toneladas al año desde el año 2.015, año que se autorizó la planta de compostaje, se han recibido en ella un total de 26.607 toneladas de residuos, aseguran. Residuos que no se han podido poner en el mercado, añaden, “porque ningún momento puede comercializar con el compost, ya que el propio administrador no se encuentra inscrito en el registro de fertilizantes”.