Absuelven al etiquetador y al responsable de una empresa acusados por el fraude de 1.465 lechazos con etiquetas IGP

La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto al responsable de una empresa de alimentación de Salas de los Infantes y a uno de sus trabajadores, vecino de Aranda de Duero, acusados de un presunto fraude relacionado con el etiquetado de 1.465 lechazos con el distintivo de la IGP Castilla y León.

El juicio se celebró el pasado mes de febrero, varios años después de que se iniciara la investigación sobre unos hechos ocurridos en 2015 y 2016. La Fiscalía solicitaba para cada uno de los acusados tres años de prisión, al considerar que ambos habían actuado de común acuerdo para introducir en el mercado lechazos que no reunían los requisitos exigidos por la Indicación Geográfica Protegida.

Sin embargo, la sentencia concluye que no existe prueba suficiente para determinar que los dos acusados fueran quienes realizaron directamente las manipulaciones. Tampoco se encontró ningún lechazo que llevara las etiquetas cuestionadas, ni en carnicerías ni en restaurantes, por lo que no pudo acreditarse que los productos supuestamente manipulados hubieran llegado finalmente al consumidor.

 

Manipulaciones acreditadas, pero sin autores identificados

La investigación puso el foco en las diferencias detectadas entre el número de animales que realmente salían de las explotaciones ganaderas y las cantidades que posteriormente aparecían reflejadas como lechazos protegidos por la IGP.

Según la acusación, se habrían alterado los documentos de traslado de lechazos IGP y el libro del etiquetador para incrementar el número de animales que podían ser comercializados bajo el distintivo de calidad. La empresa estaba autorizada para trabajar con producto IGP y contaba con un trabajador autorizado por el Consejo Regulador para realizar el etiquetado.

Estas irregularidades documentales y las manipulaciones quedaron acreditadas durante el procedimiento. La cuestión determinante para la absolución fue otra: no se pudo demostrar que fueran los dos acusados quienes hubieran ejecutado esas manipulaciones ni que hubieran participado directamente en ellas con la intención de cometer el delito que se les imputaba.

 

Sin rastro de los lechazos supuestamente fraudulentos

Otro de los elementos clave del procedimiento fue la ausencia de los productos que, según la acusación, habrían salido al mercado de forma irregular.

Durante la investigación no se localizaron lechazos con las etiquetas investigadas en carnicerías o restaurantes. Esta circunstancia impidió establecer de manera concluyente que los animales que figuraban en la documentación manipulada hubieran sido efectivamente comercializados como producto amparado por la IGP Castilla y León.

Por tanto, aunque las irregularidades en los registros y documentos permitían acreditar que se habían producido manipulaciones, no se encontró una prueba directa que permitiera vincular penalmente esas actuaciones con los dos acusados ni demostrar el recorrido final de los productos.

Cuando se inició el procedimiento, la Fiscalía solicitaba tres años de prisión para el responsable de la empresa y otros tres para el trabajador, además de multas económicas y el pago de las costas procesales. También reclamaba responsabilidades civiles relacionadas con el perjuicio que las actuaciones investigadas podrían haber causado al Consejo Regulador de la IGP y al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. La resolución judicial deja así sin efecto las acusaciones contra ambos y pone fin al procedimiento con su absolución.

El caso se remonta a una investigación que comenzó a raíz de las discrepancias detectadas en la documentación correspondiente a los lechazos comercializados durante los años 2015 y 2016. En aquel momento, la acusación sostenía que se había hecho pasar por producto protegido por la IGP a un total de 1.465 lechazos que no cumplían los requisitos, mediante la alteración de la documentación y la colocación de las correspondientes vitolas y etiquetas.