Alberto Marcos pide investigar la actuación del secretario general en funciones del Ayuntamiento de Aranda

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Alberto Marcos Castilla, ha solicitado que se investiguen distintas actuaciones relacionadas con el Oficial Mayor y actual secretario general en funciones del Consistorio arandino.

Marcos ha recopilado y sistematizado documentación procedente de informes jurídicos, servicios municipales, otras administraciones y responsables públicos, con el objetivo de trasladar a los organismos competentes aquellos aspectos que considera que deben ser aclarados.

Parte de esta documentación ya ha sido registrada ante la Dirección General de la Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El escrito solicita la realización de actuaciones previas y, en su caso, la apertura de un expediente disciplinario.

La petición plantea cuatro grandes cuestiones: la posible intervención del funcionario en actuaciones relacionadas con la valoración de su propio puesto de trabajo, determinadas expresiones dirigidas a representantes municipales, la situación jurídica de las acumulaciones de funciones desempeñadas en otras entidades locales y las retribuciones percibidas por dichas funciones.

 

La valoración del puesto de Oficial Mayor

Uno de los principales asuntos que Marcos pide que se examine está relacionado con el procedimiento seguido para determinar el complemento específico del puesto de Oficial Mayor.

El origen del conflicto se encuentra en un procedimiento judicial que concluyó con un acuerdo homologado por el que el Ayuntamiento se comprometió a iniciar los trámites necesarios para recabar informes y estudios que justificasen la valoración del complemento específico.

Posteriormente, el Ayuntamiento encargó a la empresa NUTCO un estudio para realizar esa valoración. Según la documentación aportada por el concejal, entre los expedientes figura un correo dirigido a la consultora en el que se planteaban criterios concretos para realizar la valoración, comparaciones con otros municipios e incluso la posibilidad de transformar el puesto de Oficial Mayor en Vicesecretario.

También aparecen documentos municipales relativos a la tramitación de la factura correspondiente al estudio de NUTCO en los que figura la firma electrónica del propio trabajador, Fernando Calvo Cabezón.

La cuestión que Alberto Marcos reclama que se determine es si, "teniendo en cuenta el posible interés profesional y económico directo en el resultado", debía haberse producido una abstención en determinadas actuaciones relacionadas con el procedimiento.

 

Dos propuestas diferentes de complemento

La valoración realizada por NUTCO fue posteriormente cuestionada por los propios servicios municipales. Pese a estas objeciones, en febrero de 2025 se propuso transformar el puesto de Oficial Mayor en Vicesecretario, con un complemento específico de 2.576,21 euros mensuales.

Posteriormente se utilizó otro sistema de valoración y se planteó un complemento específico de 2.227,50 euros mensuales.

Marcos destaca que "no se trataba de una reducción de las retribuciones que venía percibiendo el Oficial Mayor, sino de dos propuestas distintas de incremento respecto del complemento específico que tenía asignado el puesto".

 

Las retribuciones de la Secretaría General

La documentación presentada también recoge las cantidades presupuestadas para 2026 para el puesto de Secretario/a General, grupo A1 y nivel 30.

El puesto tiene consignados 4.205,88 euros de antigüedad, 15.610,56 euros de sueldo base, 9.669,84 euros en pagas extraordinarias, 13.635,96 euros de complemento de destino, 32.153,64 euros de complemento específico y 875,40 euros de productividad.

En total, las retribuciones presupuestadas ascienden a 76.151,28 euros brutos anuales, una media aproximada de 6.345,94 euros brutos al mes. A esta cantidad se suman 14.886,48 euros de Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento, elevando el coste presupuestario total del puesto hasta los 91.037,76 euros anuales.

Según Marcos, estas cifras se incorporan a la documentación para "contextualizar el alcance económico de los procedimientos de valoración y modificación de puestos que se han venido tramitando".

 

Expresiones hacia representantes municipales

Otro de los bloques analizados se refiere al trato dispensado a distintos representantes de la Corporación.

Entre la documentación recopilada aparecen expresiones como "auténtico mentiroso", "inútil" o "mala persona", además de referencias a la "ignorancia", el "absoluto desconocimiento", "infundios malintencionados" o la "ineptitud" de representantes municipales.

El concejal solicita que el órgano competente determine si estas expresiones y actuaciones pueden ser compatibles con los deberes de respeto, corrección y consideración exigibles a los empleados públicos, especialmente en sus relaciones institucionales con representantes elegidos democráticamente.

Marcos reclama que "se valore si este tipo de expresiones y actuaciones pueden tener relevancia disciplinaria".

 

Las acumulaciones de funciones

La documentación también pone el foco en el desempeño de funciones de Secretaría-Intervención en otras entidades locales.

Uno de los informes municipales señala que en marzo de 2019 el Ayuntamiento de Quemada solicitó al Ayuntamiento de Aranda que informase favorablemente sobre la continuación de la acumulación. El mismo documento recoge que no consta informe favorable de Alcaldía ni de ningún otro órgano del Ayuntamiento arandino, aunque precisa que la competencia para autorizar definitivamente la acumulación correspondía a la Comunidad Autónoma.

Por este motivo, Marcos pide que se compruebe "si la acumulación contó con todos los consentimientos y autorizaciones legalmente exigidos", además de determinar durante cuánto tiempo estuvo vigente y qué cantidades fueron percibidas.

 

Qué pretende aclarar la investigación

La iniciativa de Alberto Marcos pretende que sean los órganos competentes quienes analicen la documentación y determinen si existe algún tipo de responsabilidad.

Entre otras cuestiones, solicita que se determine "si existió incumplimiento del deber de abstención en actuaciones relacionadas con la valoración y modificación de su propio puesto", que se valore si determinadas expresiones hacia representantes municipales pueden tener relevancia disciplinaria y que se compruebe si las acumulaciones de funciones contaban con las autorizaciones necesarias.

También pide verificar si las cantidades percibidas por esas funciones respetaron los límites establecidos por la normativa.

El concejal defiende que "una sucesión de hechos documentados, informes contradictorios, procedimientos administrativos y dudas sobre actuaciones con relevancia económica y jurídica" debe ser analizada por las administraciones competentes.