Hasta el 1 de febrero tienen las empresas interesadas de plazo para presentarse a la licitación que la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras, ha sacado para redactar el proyecto de ejecución y las obras para la construcción de viviendas colaborativas destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes.
Fue en octubre de 2022 cuando se licitaba el primer proyecto, el básico, y cinco meses más tarde el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental anunciaba que a finales de 2025 la obra estaría acabada. 4,2 millones se destinan para estos trabajos, cuyo plazo de ejecución es de 20 meses.
Las viviendas se levantarán en un terreno de la calle Eugenio de Avinareta, al lado de la residencia de la Sagrada Familia. Y se denominan colaborativas porque los habitantes de esos pisos compartirán zonas y servicios con el resto de los inquilinos. El objetivo: facilitar la emancipación de los jóvenes, así como fomentar la convivencia y la interacción compartiendo un espacio común que les apoye en el desarrollo como ciudadanos de una manera fácil y económica.
¿Cómo serán las viviendas?
Todas ellas contarán con 2 habitaciones, 2 baños, salón comedor y cocina. La novedad es que se trata de un proyecto de viviendas bajo el concepto coliving, lo que significa un modelo residencial comunitario con espacios comunes para las personas que viven allí.
Así, contarán con lavandería, espacios verdes, zona de coworking (trabajo cooperativo), parking y zonas de ocio que podrán compartir.
¿Cuáles serán las condiciones?
Lo primero es la edad. Para personas en solitario o en pareja donde al menos una de ellas tiene hasta 35 años incluidos.
Los inquilinos deberán de tener ingresos para unas viviendas que “son ideales para personas que ya tienen un primer trabajo y quieren emanciparse”. Cumplir la condición económica será fácil, aseguraba el director, ya que se establecerá uno ratios de entre 1 y 5 de IPREM, establecido 2023 en 600 euros mensuales incluyendo las pagas.
El pecio del alquiler no está aún fijado, indican desde la Junta, pero rondará 325 y 350 euros al mes.
El procedimiento de recogida de solicitudes se abrirá más adelante, a través de la web de la Junta de Castilla y León y del propio SOMACYL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León).
El tiempo del alquiler también está por definir, pero lo que está claro para la Junta es que “no queremos que se conviertan en viviendas tuteladas, sino un primer paso para emanciparse”.
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