El equipo de gobierno quiere dar una gran vuelta de tuerca a los contratos que salen a licitación desde el Ayuntamiento arandino. Porque la experiencia no es buena, aseguran, y ponen como ejemplo lo que está sucediendo con los Jardines de Don Diego o lo que pasó con el puente Bigar, con retrasos que se están convirtiendo en generales y con el enfado de los ciudadanos a la orden del día.
Porque estos retrasos se deben en buena parte, indican, a unos proyectos mal hechos, con errores de cálculo, que no contienen todas las actuaciones que hay que realizar, y donde se prima en la licitación las ofertas que tienen un coste menos elevado, en vez de tener en cuenta otros detalles.
La concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, y su homólogo de Medio Ambiente, Carlos Medina, han dado a conocer públicamente el resultado del informe que determina que la demora en los Jardines de Don Diego no es del todo por culpa de la empresa, fijando la finalización de las obras al 14 de febrero a excepción del asfaltado y la señalización horizontal que se establece en el 31 de marzo.
El contenido del informe ya lo adelantábamos a los lectores de DR el pasado martes, pero de esta situación se quiere aprender. “Tenemos que trabajar de ahora en adelante con buenos proyectos. Es obvio que este proyecto adolecía de muchos defectos desde el inicio; en no considerar la existencia de las bodegas, en no tener en cuenta toda la existencia de la red de abastecimientos saneamiento…”, señala la edil.
Por ello, se marcan un objetivo: que los próximos proyectos se regulen de una manera más concreta las ejecuciones parciales o por fases “para que nos facilite el control de los contratos y la aplicación de las penalidades cuando hay incumplimientos”, continúa el concejal Carlos Medina. Es algo, aseguran, que hasta ahora no se ha hecho. Otra meta a conseguir es lograr implementar programas informáticos que aporten una información sobre lo que hay debajo del suelo de Aranda. “Necesitamos saber cómo está el subsuelo de Aranda, por dónde van nuestras redes de saneamiento, abastecimiento y telecomunicaciones”, destaca Hervás.
“Tenemos que trabajar para que en las próximas licitaciones en las que tengamos posibilidad de trabajar los criterios y los requisitos se tengan en cuenta para que las obras que se adjudiquen vayan más allá de un criterio estrictamente económico y puedan tener más peso otros datos, y asegurarnos de que las empresas que resulten adjudicatarias tengan una mayor capacidad para afrontar las obras”, puntualizan los concejales.
En la ampliación de plazo que se ha aprobado para los Jardines se fijan hitos y fechas concretas para finalizar cada actuación, algo que en el Ayuntamiento “nos va a permitir aplicar con mayor facilidad penalidades en caso de incumplimientos en esas fases parciales que quedan hasta la terminación”, aclara Hervás. Porque asegura que “el incumplimiento de cada uno de los hitos fijados en el cronograma dará lugar a la demora en la ejecución por lo que en aplicación del artículo 193 de la Ley de Contratos el Ayuntamiento podrá poner las penalidades correspondientes. Todo esto sin perjuicio de que por parte de los servicios jurídicos se analicen con el contrato y los pliegos técnicos y administrativos en mano qué tipo de penalidades o indemnizaciones se puedan proceder en base a lo que ha sido toda la ejecución de la obra, pero lo primordial lo esencial lo principal es acabar la obra lo antes posible”.
Del mismo modo, la responsable de Urbanismo ha solicitado un informe que analice la incidencia que ha tenido en este retraso incongruencias en el proyecto de la obra “para ver si en base a ese informe de la Dirección Facultativa se pueden pedir responsabilidades a los redactores del proyecto”.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|