Aranda de Duero se suma a la recogida de firmas para exigir enfermería en los colegios

La campaña impulsada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para incorporar personal de enfermería en todos los centros educativos de Castilla y León ha llegado hoy a Aranda de Duero, donde se han recogido firmas de apoyo a esta iniciativa que busca convertir en ley la figura de la enfermera escolar.

El objetivo es garantizar la presencia de profesionales sanitarios en todos los colegios e institutos, con el fin de mejorar la atención al alumnado con necesidades médicas, reforzar la prevención en salud y liberar al profesorado de tareas que exceden sus competencias. La propuesta, respaldada por el Consejo de Enfermería de Castilla y León, la Confederación de Federaciones de AMPAs (Confapacal) y diversas asociaciones del ámbito sanitario y social, pretende que la Junta apruebe una Ley de Enfermería Escolar.

Según explica Chema Bombín, responsable de la campaña provincial, durante la jornada de recogida de firmas en Aranda, el objetivo es reunir cerca de 3.000 apoyos para que la propuesta pueda ser debatida en las Cortes. “Cuantas más firmas se consigan, más fuerza tendrá la iniciativa”, señaló, recordando que se trata de una Iniciativa Legislativa Popular ya registrada y admitida a trámite.

Bombín subraya que la presencia de personal de enfermería en los centros “no sólo serviría para atender emergencias o administrar medicación a los alumnos, sino también para cuidar la salud del profesorado y del resto del personal”. Además, destaca que esta figura contribuiría a fomentar hábitos saludables desde la infancia y a mejorar la respuesta ante urgencias médicas: “Un profesional sanitario sabe qué hacer y cómo comunicar una situación, lo que hace que la asistencia sea mucho más efectiva”.

Actualmente, Castilla y León cuenta solo con 24 enfermeras escolares para más de mil centros educativos, lo que equivale a un profesional por cada 14.000 alumnos, una cifra muy alejada de los estándares europeos. En países como Reino Unido, Francia o Suecia la cobertura es total, y comunidades españolas como Madrid o Andalucía ya alcanzan ratios de entre el 60% y el 70%.

Desde CSIF se estima que el coste de implantar esta medida en toda la comunidad sería de 66,6 millones de euros, apenas el 0,48% del presupuesto autonómico, una inversión que consideran “en salud pública y en bienestar social”.

La campaña continuará recorriendo distintos municipios de la provincia en las próximas semanas, con el objetivo de seguir sumando apoyos a una medida que, según el sindicato, “mejoraría la calidad educativa, la seguridad en los centros y la tranquilidad de las familias”.