Un nuevo varapalo llega al Ayuntamiento de Aranda de Duero debido a actuaciones del anterior equipo de gobierno. Y en este caso, además, pone en situación de alerta la seguridad porque tiene que ver con el servicio de extinción de incendios, donde cinco bomberos tendrán que dejar obligatoriamente su trabajo tras una sentencia judicial que acaba de dictarse.
Los propios bomberos municipales ya avisaron en su día, aseguran, que las bases que el anterior equipo de gobierno aprobaba en septiembre de 2022 para cubrir cuatro plazas de bomberos no eran legales, ya que el proceso clasificaba al puesto de bombero como Grupo C1 y no como C2, tal y como “establece la Relación de Puestos de Trabajo y la Oferta Pública de Empleo”. Además, los puestos se convocaron a través de Oposición libre, en lugar de Concurso Oposición como se fijaba en la RPT vigente desde 2012.
Haciendo caso omiso de las advertencias, se siguió adelante con el proceso y fruto de ello se contrató a las cuatro personas que aprobaron y lograron mejor puntuación. Y a una quinta, la primera en la bolsa de empleo, a la que se contrató como interino.
Ahora, un año después, el juzgado ha mostrado su fallo tras el recurso presentado por los bomberos municipales. Lo tiene en cuenta y anula las bases, lo que llevará al Ayuntamiento a tener que despedir a esos trabajadores.
Recuerdan los bomberos que “es la cuarta sentencia consecutiva que da la razón a los profesionales del cuerpo de extinción de incendios” y que, aunque la justicia lleva sus tiempos, “las cosas se van poniendo en su sitio, demostrándose que las reivindicaciones de los bomberos no respondían a ningún capricho, sino al cumplimiento de la legalidad”.
Lo denunciaron, aseguran, “por activa y por pasiva, por los representantes de los bomberos, antes de su aprobación. Se hicieron oídos sordos por políticos y técnicos, se siguió adelante con el proceso y, ahora, nos encontramos con que hay compañeros afectados, sin tener culpa alguna de la situación”.
No cabe recurso de impugnación, por lo que la sentencia es firme. Pero, además, este proceso impone unas costas al Ayuntamiento de 500 euros “que se van sumando a la factura de una nefasta gestión de la que nadie asume responsabilidades”, señalan los trabajadores.
Sobre el resto de sentencias ganadas por los bomberos contra decisiones del Ayuntamiento está la resolución judicial que constataba que no se puede obligar a los bomberos a hacer horas extras, el decreto que indicaba que la suspensión de las vacaciones no era ajustada a derecho y el reconocimiento del derecho de los bomberos a cobrar un complemento específico que se había aminorado por decisión municipal.
Ortuño convocará comisiones especiales para abordar el problema
Desde la concejalía de Personal del Ayuntamiento de Aranda de Duero, su responsable política María de las Viñas Ortuño indica que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la sentencia y elaborando un informe “para ver qué opciones y consecuencias tiene”.
Una vez que se tenga ese informe se convocará una comisión extraordinaria para abordar el tema con los distintos grupos municipales con el fin de “exponerles la situación” y “ver qué podemos plantear para evitar que el servicio se vea afectado lo más mínimamente”.
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