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El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Carlos Medina, ha respondido a la denuncia pública realizada por la Coordinadora Juvenil Socialista de Burgos (CJS) sobre la imposición de sanciones administrativas que superan los 2.000 euros por el despliegue de una pancarta de memoria antifranquista el pasado mes de noviembre en la localidad.
Tras la publicación de la noticia en este medio, en la que la CJS acusaba directamente al edil de ser el impulsor de las multas, Medina ha explicado que el origen del expediente sancionador se encuentra en una actuación de la Policía Local. Según ha señalado, los agentes detectaron que la pancarta se colocó sin haber solicitado la correspondiente autorización municipal, motivo por el cual se consideró una posible infracción contra el ornato público.
De acuerdo con el concejal, una vez levantado el informe policial, la instrucción del expediente fue derivada al área de Medio Ambiente por tratarse de la concejalía competente en esta materia. Medina ha subrayado que tanto la tramitación del expediente como la propuesta de sanción forman parte de un procedimiento técnico-administrativo, y ha recalcado que el proceso aún no está finalizado.
“El expediente no lo resuelvo yo como concejal del área”, ha afirmado Medina, quien ha insistido en que los responsables políticos no deciden ni a quién se sanciona ni la cuantía de las sanciones. En este sentido, ha señalado que, de haberse solicitado autorización previamente para la colocación de la pancarta, no se habría producido ningún problema ni se habría iniciado procedimiento alguno.
Asimismo, el edil ha rechazado el señalamiento personal realizado desde la organización juvenil, calificándolo de “inútil, gratuito e innecesario”. Ha añadido que, pese a las acusaciones públicas, la Coordinadora Juvenil Socialista no ha solicitado en ningún momento una reunión formal ni con él ni con el departamento de Medio Ambiente para abordar la situación. Según Medina, desde la concejalía se mostró disposición al diálogo, “como con cualquier otro colectivo o persona en su situación”.
La Coordinadora Juvenil Socialista de Burgos había denunciado que las sanciones derivan de una acción de memoria antifranquista consistente en el despliegue de una pancarta desde el puente situado frente al Ayuntamiento, con el objetivo de rendir homenaje a las personas represaliadas por la dictadura franquista. La organización apuntaba directamente hacia Carlos Medina, acusándolo de ser el instigador de la denuncia.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente defiende que el procedimiento seguido responde exclusivamente a criterios técnicos y administrativos y que, en todo caso, el expediente continúa en tramitación, sin resolución definitiva hasta el momento.
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