CGT denuncia la adjudicación de programas públicos a un centro concertado en Aranda de Duero

El sindicato CGT Enseñanza de Burgos ha denunciado públicamente lo que considera un “nuevo paso” en el proceso de privatización de los servicios educativos públicos en Castilla y León, tras la decisión de la Consejería de Educación de adjudicar al colegio concertado San Gabriel tres actuaciones del Programa para la Mejora del Éxito Educativo para el curso 2025-2026, todas financiadas íntegramente con fondos públicos.

Según explica la organización, el proceso de privatización en la comunidad se ha intensificado en los últimos años a través de múltiples vías: desde la externalización de reconocimientos médicos y vacunaciones de MUFACE a empresas privadas como Quirón, hasta la dependencia creciente de herramientas de Microsoft o la cesión de servicios básicos como comedor, limpieza y transporte escolar. En este contexto, la concesión de programas educativos a un centro privado supone, en su opinión, “un salto especialmente grave”, que afecta de lleno a la comarca de Aranda de Duero.

Los programas adjudicados al centro privado son tres: Acompañamiento de 1.º de ESO, Acompañamiento de 4.º de ESO y la medida intensiva JUN. Todos ellos están destinados a alumnado de distintos centros de la comarca y forman parte de las líneas de refuerzo puestas en marcha por la Junta para combatir el fracaso escolar. Para CGT, la decisión supone “una desviación injustificable de recursos públicos hacia una entidad privada”, mientras los centros de titularidad pública siguen enfrentándose —aseguran— a carencias estructurales.

El sindicato recuerda que los IES y CEIP de Aranda y su entorno acumulan problemas como falta de personal administrativo, plantillas docentes insuficientes, ratios elevadas, sustituciones que tardan en llegar y una atención a la diversidad “cada vez más difícil de asumir”. En ese escenario, consideran “incoherente” que la Consejería externalice programas de refuerzo que, insisten, “deberían hacerse dentro de los centros públicos, con plantillas públicas y con inversión pública”.

La organización sindical reclama que los recursos económicos y profesionales destinados al éxito educativo “se reintegren a los centros públicos, donde realmente son necesarios”.