La reciente sentencia ganada por CSIF y dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos contra el Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que se obliga a pagar a los bomberos unos 100.000 euros por reducir su complemento específico desde mayo de 2021 es otra prueba más, aseguran desde CSIF, de que “urge la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que está obsoleta porque se aprobó hace once años”.
El pasado 26 de abril presentó un escrito al Ayuntamiento ribereño reclamando la inmediata negociación de la RPT, que estabilice la plantilla de los empleados municipales, y resuelva problemas pendientes y enquistados desde hace años, como es la promoción interna, la temporalidad, la carrera profesional, la valoración de las funciones, la pérdida de poder adquisitivo o la reclasificación de los bomberos de la localidad.
Ahora, vuelven a denunciar “la pasividad e inacción y mala gestión del personal por parte del Ayuntamiento de Aranda de los últimos años”, y afirman que -en el caso de la sentencia sobre la reducción del complemento específico a los bomberos- el Consistorio “no dice la verdad, buscando argumentos absurdos e inconsistentes, para justificar sus incomprensibles decisiones”.
Afirman que el fallo que obliga al pago de las retribuciones “sustraídas” a los bomberos no es consecuencia de errores mal calculados en las nóminas, y recuerda que “la reducción del complemento específico fue una decisión del equipo de gobierno calculada y consciente para evitar un incremento salarial justo debido al aumento del salario base que se debía dar por la reclasificación de la categoría C2 a C1, conforme a una nueva normativa que entró en vigor en febrero de 2019, marcando dos años de plazo para instaurarla y cumplirla.”
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