Denuncian la discriminación de la Junta en la vacunación al personal que trabaja con niños de 0 a 3 años

Las trabajadoras de los centros infantiles privados de Aranda no entienden cómo la Junta de Castilla y León está haciendo distinciones entre las personas que se ocupan de forma profesional de la atención de los niños y niñas de entre 0 y 3 años con respecto a las vacunaciones. Mientras que el personal que forma parte de la administración regional sí que ha iniciado el proceso de vacunación que hoy ha dado comienzo en la capital ribereña, no ha permitido que el que se encarga de la misma labor, pero en centros que no son de su competencia, no pueda hacerlo.

A través de un escrito firmado por las guarderías privadas de la provincia, porque esta situación se está dando en todo el territorio, denuncian que “somos la única parte de la Educación que se queda fuera”. Lamentan que han estado desatendidos durante meses “sin medidas, indicaciones ni apoyos de ningún tipo”. “Nos sacaron de las aulas porque éramos portadores, nos lanzaron de nuevo al ruedo sin medidas y además nos dejaron el sector mermado con grupos burbuja y aforos reducidos”, apostillan.

Y a pesar de haber intentado por varias vías que se les incluya en las vacunaciones, a través de Educación, Familia y Sanidad; aseguran que ningún responsable de la administración regional se ha puesto en contacto con ellos para poder solucionar un asunto que consideran “vital” para conseguir la ansiada inmunidad de rebaño. Temen quedarse a la cola en el calendario de vacunaciones pese a trabajar con bebés, niños y niñas, que están en directo contacto con sus familias.

Por el momento, la respuesta de la Consejería ha sido que “los profesionales de los centros infantiles serán vacunados cuando les corresponda por su grupo de edad”. Todo ello para un sector que trabaja con grupos que conviven sin mascarilla y sin posibilidades de mantener distancias personales.

No entienden la discriminación que se hace desde la Junta decidiendo que sus trabajadores corren riesgo “pero el resto no” y reclaman que “tenemos derecho a ofrecer la misma seguridad que el resto de niveles educativos”.

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