División en el Ayuntamiento por el pago del complemento al Oficial Mayor

Es obligación del Ayuntamiento de Aranda de Duero ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia relativa a la correcta justificación del complemento de Oficial Mayor del Consistorio. Ha pasado más de un lustro desde la sentencia y todavía el requerimiento no se ha cumplido. El equipo de gobierno quiere cerrar este episodio cuando antes, aunque todas las previsiones apuntan a que no lo conseguirá de forma inmediata.

El Pleno que se celebrará este jueves, a partir de las siete de la tarde, incluye el punto de la determinación del complemento específico del puesto de Oficial Mayor. Se trata de una carencia que existe en el Ayuntamiento desde el año 2017, cuando la anterior corporación decidió delegar las funciones de este funcionario a un servicio de abogacía externo y, a cambio, otorgar a la persona que ocupaba este puesto las funciones de viceinterventor.

El hecho de no cobrar el complemento adecuado a sus responsabilidades llevó al empleado municipal a acudir a la justicia, que le dio la razón. El juzgado instó al Ayuntamiento a valorar su puesto y el siguiente paso fue un acuerdo Ayuntamiento/empleado que tiene obligatoriamente que ratificar el Pleno, algo que todavía no se ha hecho.

La postura del equipo de gobierno es simple: acatar la orden de los tribunales ratificando en una sesión plenaria el acuerdo al que se llegó en su día, una retribución de 2.227 euros mensuales como complemento reconociendo sus funciones. Y esa es la que siempre ha puesto sobre la mesa. Cuando el tema se llevó a Pleno el pasado mes de octubre sin conseguir que saliese adelante y ahora. Esa es la propuesta que lleva a la sesión plenaria de este jueves. Eso sí, con el dictamen en contra de la comisión de personal debido a la oposición del PSOE y el PP. Vox y el no adscrito Alberto Marcos se abstuvieron.

 

El PSOE quiere, pero sólo a partir de ahora

El PSOE se muestra de acuerdo en la retribución, pero se opone a que ese dinero lo cobre el trabajador con carácter retroactivo. Por ello ha presentado otra propuesta, la que tuvo el visto bueno de la comisión y la que será, por tanto, elevada al Pleno.

La concejala de Personal recuerda que el hecho de no haber cumplido la sentencia, de momento, le ha ocasionado al Ayuntamiento el pago de las costas procesales. Belén Esteban teme que el gasto vaya a mayores si se aprueba la propuesta socialista. “Si se aprueba la del PSOE esa es la que saldría aprobada y habría que remitir al juzgado, ya que ese es el acuerdo que habría alcanzado el Pleno incluyendo la denegación de la retroactividad”, señala la edil, quien vislumbra a continuación una nueva denuncia por parte del trabajador para defender sus intereses. “Es lógico que eso nos genere otra demanda”, apunta.

 

Alberto Marcos reclama una mayor justicia

Estando de acuerdo con el planteamiento del equipo de gobierno y en desacuerdo con la propuesta del PSOE, el concejal no adscrito Alberto Marcos quiere aprovechar el paso que se da mañana ampliando “la justicia del Ayuntamiento” para con los trabajadores.

Por ello, ha incluido una enmienda al dictamen de la comisión. Entendiendo que el mandato judicial “implica necesariamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo” que estaba vigente en 2017, la de 2012, propone “saldar una deuda” con otras dos empleadas municipales.

Se trata de las personas que ocupan las dos plazas de técnico de animación comunitaria en Servicios Sociales. En la RPT de 2012 “se encuentran incorrectamente clasificados desde entonces”, en el grupo 4 correspondientes a categorías laborales de ayudantes no titulados con un nivel retributivo básico, cuando para acceder a su trabajo han tenido que contar con al menos una licenciatura. “Deberían estar en la categoría A2 y me parece de dignidad saldar esta deuda con ellas; ya que damos el paso vamos a hacer justicia también con estas trabajadoras”, indica.