Ecoaranda logra el uso excepcional por silencio administrativo

Ecoaranda logra la legalidad en cuanto al suelo se refiere, consiguiendo el uso excepcional a la parcela que hasta ahora no lo tenía. A pesar de que la empresa presentó un proyecto que no ejecutó tal y como se indicaba, utilizando una parcela que no debía usar, la dejadez del Ayuntamiento para tramitar este expediente ha propiciado que, finalmente, Ecoaranda logre también el uso excepcional para esa parcela por falta de respuesta.

Porque a pesar de que la nueva corporación se puso manos a la obra en agosto de 2023, recién llegados al Ayuntamiento de Aranda de Duero, los informes no han hecho más que dar a conocer la realidad, que se tienen que otorgar la autorización por silencio administrativo. Por no haberla resuelto a tiempo.

Así, la parcela logra la autorización urbanística de uso excepcional en suelo rústico “y no sólo por el paso del tiempo, que también, sino porque la declaración de utilidad pública de la planta fue reconocida por el equipo de gobierno en el año 2012, lo que dio pie a que se le otorgase la licencia para la construcción de la planta, porque si no, no se le hubiese podido otorgar”, explica la concejala de Urbanismo Ana María Hervás.

La Junta de Gobierno, por tanto, sólo puede dar pie a que se emita el certificado declarando el efecto de silencio positivo para la autorización de uso excepcional a la parcela 223. No ha quedado otra. Ha llegado a la Junta de gobierno tras pasar por una comisión en la que, incongruentemente, sólo han votado a favor de ello precisamente el grupo municipal que ha dilatado en el tiempo este expediente, el PP. El resto de grupos se abstuvieron.

La historia del expediente urbanístico de Ecoaranda se remonta a agosto de 2012 cuando la empresa pidió la autorización de uso excepcional del suelo para instalar la planta, dedicada al tratamiento de residuos. Obtuvo la licencia ambiental y la de obra en junio de 2014, pero desde el Consistorio se constató que el proyecto presentado no coincidía con las obras que se habían hecho. Y es que se había instalado y ampliado la actividad a la parcela 223 que no contaba con ese uso excepcional de suelo.

Pero el expediente se queda en el limbo administrativo municipal durante casi una década. En el limbo político, porque sí que consta que entre medias existen informes técnicos “en los que se hace referencia a que hay que continuar el procedimiento de autorización de uso excepcional”. Pero a pesar de ello nada se hizo.

“Ni se hace también en tampoco en el año 2021 cuando hay uniforme técnico – jurídico del 5 de abril en el que se insiste y se pone de manifiesto que había que haber iniciado procedimientos sancionadores de restauración de la legalidad”, señala la edil de Sentir Aranda.

En 2023 llega la nueva corporación “y este es uno de los expedientes con los que nos encontramos en el departamento de Obras”, continúa Hervás, asegurando que la intención del equipo de gobierno era el de “ajustarnos estrictamente a la legalidad”. Admite que eran conscientes de que la inactividad municipal de todos estos años iba a pasar factura y así ha ocurrido.

Se solicitó un informe y el 31 de agosto del 2023 el equipo técnico de la oficina de Obras emitía un informe en el que determinaba que las obras que finalmente se ejecutaron no se ajustaban a lo que estaba proyectado. Se llevó a ese informe al departamento jurídico pidiendo una propuesta de resolución y entendiendo “que todavía teníamos capacidad de actuación a nivel urbanístico” y se denegó la licencia, algo que fue recurrido por la empresa

Finalmente, los informes son concluyentes: el Ayuntamiento debe cambiar la denominación de esa parcela también a suelo excepcional.

 

Pero el caso Ecoaranda no termina

No finaliza porque existe otro expediente abierto, el que abría el propio Ayuntamiento arandino para pedir la restauración de la legalidad ante un proyecto que difiere del que se presentó en su día.

En estos momentos es proceso ha derivado a los tribunales, por lo que aún queda por saber cómo finalizará. “Tendrá que decidirlo un juez”, apostilla el concejal de Medio Ambiente Carlos Medina.