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El Ayuntamiento deniega la inclusión de la exletrada en la oferta pública de estabilización

A pesar de que existe una sentencia que obliga a readmitirla, aluden a que aún no es firme

18/11/2022 11:17 | Begoña Cisneros
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El Ayuntamiento de Aranda ha denegado a la letrada de obras que despidió en diciembre de 2020 su petición a que se la incluya en la oferta pública de estabilización de los trabajadores municipales. A pesar de que una sentencia obliga a readmitir a esta empleada, el hecho de que el Ayuntamiento la haya recurrido y que la sentencia no sea firme es lo que ha motivado al Consistorio a no admitir su petición.

Muy sorprendido se encuentra el abogado de la extrabajadora municipal, Enrique Ríos, al conocer la rapidez con la que se ha contestado al escrito. En menos de 24 horas se remitió la contestación. “Volveremos a hacerla, a ver si son capaces de actuar con perspectiva”, señala el abogado, quien no entiende que teniendo una sentencia que obliga a readmitirla, aunque no sea firme, no se prevea esta posibilidad en la estabilización de los puestos de trabajo.

“En caso de no incluirla tendríamos que impugnar la oferta pública. Sabemos que es algo que perjudicaría al resto de trabajadores y por eso lo estamos solicitando ahora, porque se puede salvar con una actuación muy sencilla, porque en el caso de que finalmente ganen el juicio con sacarla de la lista bastaría, no pedimos que sea una integración incondicional, sino condicionada al resultado del juicio”, señala.

 

El PSOE defiende la admisión

Desde el grupo municipal socialista entienden que el Ayuntamiento debería incluir a la trabajadora en las listas de estabilización. “Lo mínimo que deberíamos hacer es que entre la plaza dentro de la consolidación”, afirma su portavoz Ildefonso Sanz.

El concejal va más allá y adelanta que en el caso de que finalmente la sentencia sea firme y que siga incluyendo una indemnización de 15.000 euros por los perjuicios causados, “exigiremos que la indemnización no la pague el ayuntamiento, sino la persona causante de esos daños morales, porque tiene nombre y apellidos y es quién ha tenido la decisión final”. Se refiere a la alcaldesa de Aranda, Raquel González, a la que considera responsable de lo ocurrido “y todo por no hacer lo que la señora alcaldesa quería en el momento que le interesaba”.

 
 
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