El Ayuntamiento refuerza el control sobre las obras de la ARU de Santa Catalina y prepara tres escenarios para garantizar su continuidad

El Ayuntamiento de Aranda de Duero va a reforzar de manera extraordinaria los recursos municipales destinados al seguimiento de las obras de rehabilitación de los bloques de Santa Catalina ante el empeoramiento de la situación en las últimas semanas y después de meses en los que los vecinos han venido trasladando sus quejas por las molestias, los problemas de accesibilidad y las deficiencias detectadas durante la ejecución de los trabajos.

El alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, y la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, han comparecido este viernes para explicar las actuaciones que está llevando a cabo el Consistorio ante la situación generada después de que la empresa adjudicataria de las obras, Aplibur, solicitara a finales de julio la paralización de los trabajos y, según el Ayuntamiento, no haya recuperado desde entonces el ritmo normal de ejecución. La petición se rechazó un día después de conocer la noticia.

Linaje ha querido comenzar su intervención reconociendo expresamente el malestar de los residentes de los bloques de Santa Catalina y poniendo en valor las numerosas comunicaciones que los vecinos han realizado durante los últimos meses. "Comprendo y comprendemos el malestar de los vecinos afectados", ha señalado el alcalde, quien ha añadido que "todas las incidencias que nos han hecho llegar también han sido enormemente útiles para poder ahora mismo llegar al estado en el que nos encontramos".

Las quejas, ha explicado, han llegado "por muchísimas vías", tanto a través del correo electrónico como mediante el registro municipal o incluso de forma verbal. Para el alcalde, esa información ha permitido al Ayuntamiento y a los técnicos disponer de un conocimiento más amplio de la evolución de las obras.

El alcalde ha querido explicar, no obstante, por qué el Ayuntamiento no ha podido actuar de manera inmediata ante algunas de las situaciones denunciadas por los residentes. En una obra pública, ha recordado, las decisiones deben estar sustentadas en informes técnicos y en pruebas suficientes para poder activar los mecanismos que contempla la legislación. "Para poder actuar con contundencia hay que recabar las pruebas suficientes para poder ejercer los mecanismos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público", ha afirmado. A su juicio, "anticiparse" y actuar sin disponer de toda la documentación necesaria "puede precipitar luego el final e incluso puede ser contraproducente".

El regidor ha diferenciado además las molestias que necesariamente genera una obra de las circunstancias que ahora preocupan especialmente al Ayuntamiento. Según ha explicado, durante los últimos meses se habían detectado "incidencias relacionadas con la accesibilidad" y otras molestias que inicialmente podían considerarse de menor gravedad, pero que la evolución de los trabajos ha llevado a una situación diferente.

"Ahora mismo rechazo y rechazamos la gestión que se está haciendo de estas obras", ha manifestado Linaje, que ha situado como especialmente preocupantes "los problemas de accesibilidad" y, sobre todo, "la suspensión de las obras" y las consecuencias que puede tener para los vecinos.

El alcalde ha advertido de que la situación actual puede generar problemas añadidos con la llegada del otoño. "Hay una serie de huecos con las escaleras y en otras partes del edificio que no solamente pueden provocar un determinado problema de accesibilidad, sino que, al acercarse el invierno, habrá problemas de calefacción, problemas de humedades y otro tipo de cuestiones que ya podríamos calificar de graves", ha señalado.

Por ello, Linaje ha querido dejar claro que el Ayuntamiento se posiciona del lado de los residentes. "Desde el Ayuntamiento estamos con los vecinos y vamos a actuar con contundencia", ha asegurado, aunque inmediatamente ha introducido una de las claves de la situación: esa contundencia tiene que ejercerse dentro de los límites de la contratación pública.

"Lo que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, en muchos casos nos gusta poco, porque establece unos procedimientos muy estrictos que hay que seguir", ha reconocido. "Desde el Ayuntamiento no tenemos margen para hacer este tipo de leyes, sino para ejecutarlas", explica.

 

Un expediente de penalidades contra Aplibur

El primer paso adoptado por el Ayuntamiento ha sido la apertura de un expediente de penalidades contra Aplibur por los incumplimientos que, según los informes técnicos, se han producido durante las últimas semanas.

Hervás ha explicado que el procedimiento se encuentra actualmente en fase de instrucción y que ya se ha dado traslado a las partes implicadas para que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas. Por tanto, todavía no se han impuesto definitivamente las penalidades. "Un expediente de penalidades no es que aplicamos unas penalidades y desde hoy decidimos que tienes que hacer esto o tienes que pagar esto", ha aclarado la concejala, señalando que "cualquier expediente administrativo sigue su tramitación y el de penalidades también".

El origen inmediato de la situación se encuentra, según el Ayuntamiento, en el escrito presentado por Aplibur el 22 de julio solicitando la paralización total de las obras para tramitar un proyecto modificado.

El día 24 de julio, la Dirección Facultativa emitió un informe desfavorable a esa paralización. Los técnicos consideraron que no existía un impedimento técnico que justificara detener completamente los trabajos y determinaron que la empresa podía continuar ejecutando aquellas unidades de obra que no estaban afectadas por el modificado, además de realizar trabajos de remate.

El Ayuntamiento comunicó entonces a la empresa que no podía paralizar las obras en los términos planteados.

Desde ese momento, según Hervás, los servicios municipales han constatado que "la empresa no ha recuperado el ritmo de ejecución que debería tener" y que se han producido periodos de inactividad.

La concejala ha recalcado que esa constatación no procede únicamente de las visitas políticas o de las quejas vecinales, sino de los responsables técnicos de la obra. "Cuando hablo de constatación, hablo de que tiene que constatarlo quien es el responsable de constatarlo, que es la Dirección Facultativa", ha señalado.

 

Requerimientos urgentes por seguridad

Uno de los aspectos que más preocupa ahora al Ayuntamiento es la seguridad de los accesos y de los propios edificios. Durante las últimas semanas se han realizado diferentes inspecciones y se han emitido requerimientos a Aplibur para que ejecute medidas urgentes.

Se establecieron dos niveles de actuación. Para las medidas de nivel 1 se estableció un plazo de 24 horas, mientras que las de nivel 2 debían ejecutarse en un máximo de tres días.

Entre las actuaciones urgentes exigidas se encuentran la solución de desprendimientos de cascotes en los rellanos de las escaleras, la revisión de los puntales que están reduciendo la superficie de paso, medidas para evitar la entrada de agua, actuaciones sobre las estructuras metálicas de algunos portales y la adecuación de determinados cuadros eléctricos. "Las medidas de nivel 1 básicamente iban referenciadas a poner solución al desprendimiento de determinados cascotes que hay en los rellanos de las escaleras", ha detallado Hervás. También se ha requerido "trabajar sobre los puntales que están ahora mismo instalados para hacer que la superficie de acceso sea más amplia".

Otro de los problemas se encuentra en la protección frente a las lluvias. "Hay que trabajar sobre el tema de la canalización de las aguas, de poner una solución o mitigar en lo máximo posible el tema de la entrada de agua en caso de lluvia", ha explicado.

La situación es especialmente delicada en dos portales donde las estructuras metálicas instaladas presentan problemas por mala construcción. "Hay dos portales que tienen ahora mismo una situación, en el caso de lluvias, bastante preocupante", ha reconocido.

Según ha explicado la concejala, Aplibur ha ejecutado algunas de las actuaciones requeridas, pero no todas dentro de los plazos establecidos. Y aunque posteriormente la empresa haya comenzado a realizar algunos de esos trabajos, "ya están fuera de ese plazo", lo que constituye precisamente uno de los elementos incorporados al expediente de penalidades.

 

También se investigan posibles impagos a proveedores

El expediente abierto por el Ayuntamiento incorpora además otro asunto: la situación de los pagos a proveedores y subcontratistas de Aplibur.

Hervás ha explicado que el Consistorio a pesar de haber recibido comunicaciones de empresas que aseguran tener cantidades pendientes de cobro y que está recopilando la documentación necesaria para comprobar si se están produciendo incumplimientos; sólo una de ellas ha acreditado documentalmente ante el Ayuntamiento la existencia de cantidades pendientes.

 

Tres escenarios sobre la mesa

El Ayuntamiento no quiere que el futuro de Santa Catalina dependa exclusivamente de la decisión que adopte Aplibur y asegura que ya está trabajando en tres escenarios diferentes.

El primero es el más favorable y pasa por que la empresa retome la actividad con normalidad, aporte los medios necesarios, cumpla las medidas de seguridad y presente una planificación que pueda cumplir. "El primer escenario que se está contemplando es que vuelva a trabajar con absoluta normalidad, que cumpla sus obligaciones", ha explicado Hervás. "Nuestro objetivo será que las obras continúen y que se terminen", argumenta indicando que sería la mejor opción.

El segundo escenario contempla que Aplibur permanezca en la obra, pero continúe sin cumplir los términos exigibles. En ese caso, el Ayuntamiento seguirá recurriendo a los mecanismos que contempla la legislación, incluidos nuevos expedientes de penalidades.

Y existe un tercer escenario: la eventual resolución del contrato. La concejala insiste en que esta posibilidad no está decidida en este momento. "No estoy decidiendo hoy cuál de estos escenarios es el que se va a producir porque no lo sabemos", ha afirmado. "Lo que sí estoy diciendo es que estamos trabajando para cualquiera de estos tres escenarios".

Para llegar a la resolución del contrato sería necesario que los incumplimientos quedasen acreditados técnicamente y que los servicios jurídicos municipales determinasen que existen causas suficientes para iniciar el procedimiento.

 

Más recursos municipales para Santa Catalina

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido incrementar los recursos destinados al seguimiento de la obra. El proyecto contaba inicialmente con una estructura de seguimiento formada por una arquitecta responsable y personal administrativo, pero ahora se incorporarán más medios técnicos y administrativos.

De esta manera se añadirá un arquitecto municipal y un auxiliar administrativo que permitirá incrementar la capacidad municipal para controlar la obra, revisar documentación, seguir las comunicaciones y trabajar sobre las distintas alternativas que puedan plantearse.

Está previsto, además, estudiar la incorporación de recursos desde Participación Ciudadana para mejorar el acompañamiento y la atención a los residentes.

Esta decisión, recuerda, implicará que determinados técnicos municipales tengan que dedicar una parte importante de su tiempo al proyecto de Santa Catalina, con el consiguiente impacto sobre otras actuaciones municipales. Pero el Ayuntamiento considera que la situación lo requiere. "Santa Catalina sigue siendo una prioridad", ha asegurado Linaje.

"Vamos a reforzar el seguimiento, vamos a exigir el cumplimiento del contrato y vamos a trabajar con las herramientas que nos da la ley", ha concluido el alcalde, que ha insistido en que Santa Catalina seguirá siendo una prioridad para el Ayuntamiento.

 

¿Qué pasaría si Aplibur deja las obras?

Ese escenario no es el más indicado para el gobierno municipal, pero si eso ocurriese, la obra se tendría que retomar de otra manera. Cabe recordar que la adjudicación de la rehabilitación se divide en tres lotes, ahora mismo adjudicados a Aplibur.

En uno de los lotes, correspondiente a dos portales, existe otra empresa que presentó su oferta y es ella la que tendría que decidir si retomar los trabajos. “Para el resto de bloques de bloques no hay ni siquiera una segunda empresa adjudicataria, por lo tanto si llegamos a ese punto lo que sí que vamos a pedir que los técnicos nos digan qué medidas son urgentes que haya que acometer para que el Ayuntamiento pueda hacerlo de manera directa o con los mecanismos que sean mientras se tramita la licitación”, termina diciendo Hervás.