El equipo de gobierno revela nuevas irregularidades en la venta de la plaza de toros

El equipo de gobierno de Aranda de Duero ha hecho público un segundo capítulo dentro de la serie de comunicaciones con las que pretende explicar el historial administrativo de la plaza de toros municipal. Tras una primera entrega el pasado mes de junio en el que se centraba en el año 2001, en esta ocasión, el análisis se enfoca en uno de los momentos clave del expediente: el proceso que llevó a la venta del antiguo coso entre los años 2002 y 2003, desde la aparición de los primeros informes sobre su estado hasta la firma definitiva de la escritura.

El documento, elaborado a partir del informe jurídico emitido por la Secretaría General en marzo de 2026 a petición del alcalde, Antonio Linaje, pone el foco en varios aspectos que considera relevantes: la falta de una revisión técnica completa del edificio, las diferencias existentes en la valoración económica de los terrenos, la rapidez con la que se desarrolló la licitación y las condiciones en las que se formalizó la venta.

 

Un informe de daños que no llegó a completarse

Uno de los primeros puntos analizados es la inspección realizada en marzo de 2002 por el Arquitecto Técnico Municipal sobre la antigua plaza de toros "La Chata".

El informe advertía entonces de la existencia de un posible "riesgo público" relacionado con elementos estructurales del edificio y recomendaba encargar una revisión más profunda a una empresa especializada antes de celebrar nuevos espectáculos.

Sin embargo, según sostiene el equipo de gobierno, esa inspección especializada nunca llegó a realizarse.

El entonces equipo de Gobierno defendió la opción de vender la plaza frente a una posible rehabilitación. El argumento utilizado fue que, además de los problemas detectados, el edificio necesitaba una adaptación a la normativa de accesibilidad, por lo que se apostó por un proyecto global que permitiera la construcción de un nuevo coso por parte de una empresa privada.

La decisión generó oposición política y social. Durante los meses posteriores se recogieron alrededor de 1.600 firmas ciudadanas contrarias a la venta, que fueron incorporadas al expediente municipal.

 

Una valoración económica que pasó de 158.000 a 777.000 euros

Otro de los aspectos destacados por el informe es la evolución del valor económico de los terrenos donde se ubicaba la plaza.

Inicialmente, el Ayuntamiento manejó una valoración realizada por la empresa TINSA que situaba el precio de la parcela en 158.630 euros. Con esa cifra se inició la tramitación de la venta.

Posteriormente, la Secretaría General advirtió de que la valoración debía incluir también los aprovechamientos urbanísticos asociados al terreno, lo que obligó a revisar el expediente. Tras la actualización de los criterios, el valor definitivo de la parcela ascendió a 777.115 euros, casi cinco veces más que la primera valoración planteada.

 

Una licitación cuestionada por los informes jurídicos

El informe jurídico de 2026 también analiza la fase de licitación, desarrollada entre finales de 2002 y comienzos de 2003.

Entre las cuestiones señaladas figura que la licitación fue aprobada en octubre de 2002 cuando los terrenos todavía mantenían la calificación urbanística de equipamiento público, una circunstancia que, según el documento, impedía en ese momento la construcción de una plaza de toros privada. La modificación urbanística necesaria se aprobó posteriormente.

Además, Sentir Aranda apunta que el procedimiento se inició sin la fiscalización previa de la Intervención municipal, un control obligatorio en operaciones con impacto económico para la administración.

También se analiza la oferta presentada por la empresa Toros Ricor S.L., única licitadora, que incluía condiciones de pago aplazado que no estaban contempladas inicialmente en el pliego. Pese a ello, la Mesa de Contratación aceptó la propuesta en enero de 2003.

 

La venta se firmó con 700.000 euros pendientes de cobro

El proceso concluyó el 5 de junio de 2003 con la firma de la escritura pública de compraventa. Según señalan, el informe de Secretaría General, la operación se formalizó en unas condiciones que califican como especialmente delicadas para el patrimonio municipal.

Por un lado, la escritura se firmó cuando faltaban apenas nueve días para la constitución de la nueva Corporación tras las elecciones municipales, en un periodo en el que el Ayuntamiento se encontraba en funciones.

Por otro, el Consistorio transmitió la propiedad sin haber recibido la totalidad del importe acordado. La empresa abonó en ese momento 77.115 euros, quedando pendientes 700.000 euros, sin que se estableciera una garantía hipotecaria o aval que asegurase el cobro de esa cantidad.

El documento también señala que la venta se realizó mientras permanecían pendientes de resolución dos recursos de reposición presentados contra el acuerdo plenario que autorizaba la operación.