“Ellos mienten porque algo queda”. Con estas palabras el presidente de la comunidad de regantes del canal de Aranda, Ángel Sancho, resume la “tortura” por la que está pasando desde el inicio de su mandato en 2016. Fue acusado de hurto y los tribunales negaron que hubiese sido así. Fue destituido del cargo en 2017 y hasta 2021 no consiguió el reconocimiento judicial de la presidencia que le pertenecía.
Pero las cosas no acabaron ahí. Los dos trabajadores que se supone que fueron contratados mientras que él estaba destituido pidieron cobrar los sueldos atrasados. Él pidió los contratos para asegurarse de que realmente estaban contratados, “pero todavía no los he visto”, afirma, explicando que ante la falta de poder acceder a la documentación les pidió a los propios trabajadores que documentasen su contrato en las oficinas del letrado de la Comunidad de regantes “y no han ido nunca, han hecho oídos sordos”. De hecho, sobre este tema se celebrará un juicio por lo civil en Burgos “y de momento lo que han aportado ellos son sólo nóminas sin firma de la empresa, ni del trabajador, y selladas con un sello que no es de la comunidad de regantes”.
“Nunca les hemos querido negar nada, hemos aceptado el hecho de que les tienen de una forma irregular, pero hemos admitido que tienen derecho a cobrar”, comenta Sancho, anunciando un nuevo impedimento: “Actualmente yo no puedo disponer de los fondos dinerarios en las dos cajas, no sé ni cuantas cuentas existen porque no me dan acceso a ellas”. La situación está denunciada por lo penal y a día de hoy archivada de forma provisional.
Miembros de la Junta de gobierno que no lo son
Para esta tarde se ha convocado una reunión a los regantes del canal de Aranda por parte de tres miembros de la “Junta de gobierno” de la Comunidad con la finalidad de forzar una Asamblea y renovar los cargos.
Asegura Ángel Sancho, el presidente, que no es cierto que estas tres personas formen parte de esa Junta de Gobierno “ni de la junta directiva”. Ni tan siquiera puede afirmar que son comuneros del canal “ya que no dispongo de la documentación del elenco de propietarios y fincas”. Es por ello por lo que les califica de “golpistas-usurpadores” y asegura que “están deslegitimados”, por lo que les invita a forzar la renovación de cargos, pero obteniendo el 25% de los apoyos de los regantes “y para eso lo deben acreditar”. Entonces, prosigue, “cuando tenga la documentación, la auditoría y las cuentas claras convocaré la asamblea”. “Porque tengo ganas de convocar, no pienso ni presentarme porque ¿para qué quiero yo más tortura?”, se pregunta.
Acusaciones de “apropiación indebida”
“En el canal hay un fluido que es el agua, pero otro que es el dinero, y sobre ese fluido no sé qué puede haber ocurrido”, manifiesta Sancho. De esta manera, y con un escrito que dirige a doce personas con nombre y apellidos, asegura que de los extractos facilitados por entidades bancarias “se desprende que se han apropiado de los bienes de la comunidad”.
Mientras que para el propio presidente, tal y como afirma, las cuentas están bloqueadas, no lo están para estas personas que “las han estado utilizando hasta para pagos particulares” como las de abogados o procurador.
Por último, Sancha defiende el despido de la secretaria de la comunidad el pasado 21 de febrero de este año porque para los trabajos de administración, así como de los servicios integrales de la Comunidad de regantes, se hará cargo la empresa iRiego con la que se ha llevado a efecto una contratación.
Toda la documentación se encuentra en manos de la anterior secretaria, que recibía el 3 de marzo un burofax otorgándola un plazo de 7 días para entregarla “pero no ha habido repuesta y la documentación se encuentra retenida en su oficina con la que la comunidad nada tiene que ver”.
La intención de la actual Junta directiva de la comunidad de regantes es la de que esta empresa ahora contratada también e haga cargo de realizar una auditoría para conocer “qué es lo que ha pasado realmente durante todo este tiempo”.
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