Esa es la intención del alcalde de Aranda de Duero y así lo ha anunciado en el Pleno celebrado este jueves. Antonio Linaje quiere que, a partir del 1 de diciembre de 2026, cuando empiece a funcionar el servicio de autobús urbano de la ciudad con una nueva adjudicataria, los ciudadanos puedan subirse al autobús de una forma gratuita.
Añade que el servicio también sufrirá modificaciones. Porque para ello ya se está elaborando un estudio de movilidad con el objetivo de conseguir un servicio más adecuado a las necesidades y demandas de los vecinos. Se baraja mejorar las frecuencias y también servicios, con nuevas paradas y nuevas líneas, como la ya anunciada al cementerio municipal o a las salas de cine. “Estamos comprometidos con el transporte público”, indica Linaje.
Todos los grupos de la oposición se muestran a favor. Incluso el concejal del PP, José María Jimeno, planteaba las preguntas: “¿por qué vamos a esperar a 2026? ¿Por qué no lo hacemos desde ya?”. “No se puede”, contestaba Linaje, aludiendo a que “el contrato actual tiene unas tarifas que hay que cumplir”. Eso sí, en cuando al actual contrato, que data de 2015, recordaba que incluía servicios especiales en fiestas, Sonorama o al cementerio “que no se ha pedido que se cumpla”.
Por parte de Vox ponían sobre la mesa la cuestión de que “a veces lo que das gratis se desvirtúa”, por lo que propone hacer antes un análisis.
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina, mostraba un dato: “los precios de los billetes sólo cubren el 10% de los costes”. Y lanzaba otra propuesta: la posibilidad de remunicipalizar este servicio teniendo en cuenta que los autobuses son propiedad del Ayuntamiento.
“Bienvenidos a la gratuidad”, zanjaba desde el PSOE Ildefonso Sanz, indicando que “no es un gasto, sería una inversión de cara al futuro, al medioambiente y a la movilidad”. “Haríamos un gran servicio a los ciudadanos”, terminaba diciendo.
Prórroga anual para el contrato actual
Entretanto, el Pleno de este jueves aprobaba que un cambio en las condiciones de prórroga con la UTE Dávila- Clemente, cuyo contrato finaliza a finales de 2025. Según el pliego la prórroga debería ser de cinco años. El cambio indica que esta sea de un máximo de cinco años, eso sí, pero con prórrogas anuales que se puedan cancelar con un preaviso de dos meses. En caso de ser aprobada, será la empresa la que decida si acepta la modificación.
Porque, según manifestaba el primer edil, antes de licitar el servicio es imprescindible conocer el resultado del estudio que ya se está elaborando por parte de la empresa barcelonesa D’Infraestructures i Mobilitat. Y vaticina Linaje que “con un año tenemos suficiente”.
Se grabarán las comisiones informativas
Por unanimidad, también los 21 concejales aprobaron que, a partir de ahora, las comisiones informativas sean grabadas en un archivo de audio. Es algo que no se está haciendo y que puede mejorar los procesos de transcripción.
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