El Ayuntamiento de Aranda de Duero dará un paso más en el caso de la plaza de toros

El informe emitido por la nueva inspectora urbanista en el Ayuntamiento de Aranda de Duero a la plaza de toros vuelve a incidir en lo que es de sobra conocido: las obras de la Plaza de Toros no se ajustaron a la licencia concedida. Y es ahora cuando desde la concejalía de Urbanismo se tiene que dar el paso.

Anuncia la edil responsable, Ana María Hervás, que se trabajará en dos vías. Por una parte, se instruirá un procedimiento sancionador “que determinará quiénes fueron los responsables de estas ilegalidades y qué medidas sancionadoras procedería aplicar, en su caso”.

Por otro lado, señala que se instruirá procedimiento de restauración de legalidad con el fin de requerir que los responsables adapten la Plaza de Toros a la normativa urbanística. “La restauración de la legalidad urbanística es un mecanismo que utilizan los ayuntamientos cuando se detecta que se ha cometido una infracción urbanística, con el objetivo de que la construcción se ajuste a derecho”, explica.

Mientras tanto, desde el equipo de gobierno se asegura que se está trabajando para clarificar todo lo sucedido en relación con la venta, construcción y otorgamiento de licencias de la Plaza de Toros. “Hasta poder aclarar con detalle todo lo que sucedió y encontrar una solución legal que permita el uso de estas instalaciones”, señalan.

 

La inspección se realizaba el pasado 7 de agosto y el resultado es un informe determinando que las obras ejecutadas no se corresponden con la licencia otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de agosto de 2004.

Se constató en ella que varias actuaciones, recogidas en el contrato firmado entre el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la empresa adjudicataria Toros Ricor, S.L., nunca han sido ejecutadas. De acuerdo con el informe, “no existe ni piscina cubierta, ni ninguna sala a la que se le haya dado el uso ni el equipamiento de fitness”.

También se observan irregularidades en el aparcamiento, a pesar de que en septiembre de 2014 una junta local otorgó licencia de primera ocupación. Un hecho que califican desde el equipo de gobierno de “anómalo”, ya que “se constata que la obra ejecutada no se corresponde con la licencia otorgada”.  Ni por número y distribución de plazas de aparcamiento, sin ejecutar las calles laterales proyectadas, el vallado o el mantenimiento y conservación que tenía que hacer la adjudicataria.