El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha dictado una resolución en la cual se desestima la solicitud de licencia de primera ocupación de la plaza de toros. También se deniega la licencia de apertura. “Con todas las consecuencias legales que ello tiene”, señala la concejala de Urbanismo Ana María Hervás. Una resolución, indica, que es el acto administrativo determinante, sobre la que se ofrecerán detalles en los próximos días, aseguran desde el equipo de gobierno, pero que obra en poder de la Plataforma de la Plaza de toros “desde el mismo día de su emisión, el 12 de diciembre”.
De esta manera responden a la denuncia pública de la Plataforma que se hacía este lunes. En ella se aseguraba que había “oscurantismo” en un expediente al que se le estaba denegando el acceso. Porque aseguran que la plataforma, al ser parte interesada en el expediente “ha tenido y tiene acceso al estado de la tramitación del procedimiento de manera continua e inmediata a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento a la que puede acceder a diario”.
En cuanto a la obtención de copias y documentos, desde el Ayuntamiento aseguran que se está cumpliendo con los plazos indicados en la Ley de Transparencia, en un plazo máximo de 30 días tras la petición. “El expediente en su totalidad, incluyendo aquellos informes auxiliares cuya puesta a disposición es de carácter optativo para la Administración, ha sido puesto a disposición de la Plataforma el día 16 de diciembre”, indican.
Encuentros en restaurantes
También desde el Ayuntamiento se contesta a la crítica de la plataforma por reunirse con el empresario de la plaza de toros “de tapadillo” en un restaurante de fuera de Aranda “para comer y hablar”.
Al respecto, a través del comunicado emitido por el equipo de gobierno confirman que sí que se han reunido con él, como también lo han hecho con la propia plataforma, “en búsqueda de una solución definitiva a un conflicto que acumula más de 20 años, con múltiples expedientes y varios procesos judiciales”.
Aseguran que “estos encuentros nunca se han ocultado” y “no se han abordado negociaciones de ningún tipo y mucho menos se ha llegado a ningún acuerdo para la legalización, como insinúa la Plataforma en su comunicado”. Y que no hubo comida alguna, en los encuentros que se celebraron el 7 de agosto de 2023 y 24 de julio de 2024 “en un espacio neutral y público pactado previamente entre las partes”.
“Entendemos que, con los antecedentes existentes provocados por anteriores concejales y concejalas de urbanismo, la Plataforma pueda estar extremadamente vigilante, pero calificar una reunión en un espacio público de «ilegalidad» o «comportamiento inapropiado», como hacen en su comunicado, no tiene fundamento alguno, salvo que ello responda a otras intenciones que se nos escapan”, señalan.
“Pedimos a los responsables de la Plataforma mayor rigor en sus declaraciones públicas y que en el futuro, si consideran que sus derechos son vulnerados, acudan a los mecanismos legalmente previstos para su defensa en lugar de lanzar acusaciones genéricas y falsas en la prensa. Por nuestra parte nos reservamos el derecho a iniciar las acciones legales que nos pudieran corresponder en defensa de la honorabilidad de nuestras actuaciones”, terminan diciendo.
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