El Ayuntamiento pide explicaciones al PP sobre la situación de Virginia Martínez

El Ayuntamiento de Aranda ha solicitado al Grupo Municipal del Partido Popular, y el particular a su portavoz, Cristina Valderas, una aclaración "inmediata y oficial" sobre la situación en la que se encuentra la concejala Virginia Martínez, tras el anuncio público de su expulsión. "A día de hoy, el Ayuntamiento no ha recibido un registro oficial que notifique dicha expulsión ni ningún cambio de situación con respecto a su estatus dentro del Grupo Municipal del PP", explican a través de una nota de prensa. En este sentido, indican que únicamente se ha presentado un documento en el que se detallan los miembros actuales del grupo, sin hacer referencia explícita a la concejala Virginia Martínez. Escrito que, según mantienen, "no constituye una certificación concluyente de su expulsión, por lo que hace varios días que los servicios jurídicos del Ayuntamiento solicitaron una aclaración sobre la que no se ha recibido respuesta".

Sin embargo, el Partido Popular sí ha registrado una modificación en la composición de sus representantes en las comisiones informativas, excluyendo a Virginia Martínez de todas ellas. "Esta actuación podría suponer una vulneración de sus derechos mientras siga formando parte del grupo municipal, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad en caso de que Virginia Martínez desee recurrir la medida adoptada", consideran desde el Ayuntamietno.

Amparándose en "la relevancia institucional de esta situación" y las implicaciones administrativas que conlleva en la composición de las comisiones informativas y otros órganos colegiados del Ayuntamiento, se pide al Partido Popular una aclaración formal. Como ejemplo, se esgrime que en la última Comisión de Asuntos Económicos, la asistencia en el último momento de Virginia Martínez conllevó la suspensión del derecho a voz y voto de otro concejal en favor de ella, al ser titular en esa comisión. "El Ayuntamiento de Aranda de Duero reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos de todos los representantes públicos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la administración municipal", concluye el comunicado.