A través de una sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos ha anulado las bases que regían la constitución de la bolsa de empleo de bomberos interinos del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Unas bases que eran aprobadas durante el anterior mandato municipal, en abril de 2022, que ahora son derogadas por los tribunales amparándose en la falta de negociación colectiva.
Porque el juez estima que el recurso presentado por el CSIF y que perjudica gravemente el futuro de uno de los trabajadores que actualmente forman parte de la plantilla de bomberos, ya que proviene de esa bolsa de empleo que se creó y que ahora se anulan. Es uno de los diez efectivos que se contrataron en total, pero sólo hay uno que continúa prestando servicio en la capital ribereña.
Se trata de la tercera medida tomada por la anterior regidora municipal, Raquel González, que ha sido rebatida por la justicia. Y es que esta anulación se suma a la anulación de la imposición que se hizo desde el Ayuntamiento para realizar horas extras obligatoriamente y a la anulación también judicial de la orden que no permitía coger vacaciones a los trabajadores.
La sentencia considera que la “falta de negociación colectiva” con los representantes de los empleados públicos hace que las bases no se ajusten a la legalidad. En este sentido, recuerda que se tienen que elaborar a través de la Comisión de Personal y la Junta de Personal. En el fallo judicial se constata que en la aprobación de esas bases “no se señala el carácter de urgencia”, y por contra se “despliega su eficacia más allá del nombramiento que proceda porque sirven para determinar nombramientos de futuro”.
El juzgado considera que no procede la imposición de costas, y aunque contra la resolución cabe recurso de apelación en el plazo de quince días, el Ayuntamiento ha anunciado a los representantes sindicales que no recurrirá, por lo que la sentencia se convertirá en firme.
Por parte del colectivo de extinción de incendios del parque arandino se valora de forma positiva esta resolución judicial “que ha venido a dar la razón a las reiteradas denuncias públicas realizadas durante ese tiempo para poner en el foco la inseguridad que vivía la localidad, y las medidas aprobadas por el anterior equipo de gobierno en contra de los bomberos”.
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