El juzgado tumba el expediente disciplinario que la exalcaldesa inició contra el portavoz de los bomberos de Aranda

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Burgos ha tumbado el expediente disciplinario por falta grave abierto por el Ayuntamiento de Aranda al portavoz de los bomberos, que le sancionaba con la suspensión de sus funciones durante tres meses. Una sentencia que ya es firme, y en la que el tribunal considera que ese expediente no es conforme a derecho, “deja sin efecto la sanción” e impone al Consistorio el pago de 500 euros en costas.

Con esta resolución, la justicia deja en evidencia la gestión realizada por el anterior equipo de gobierno liderado por Raquel González y el exconcejal de Personal, Vicente Holgueras; apoyados y amparados por la secretaria General y el jefe del Personal del Consistorio. “Se da la circunstancia de que, a pesar de que los cuatro impulsores del proceso contra este trabajador son profesionales del Derecho, han recibido un claro correctivo y varapalo por parte del juzgado que demuestra que han actuado fuera de la legalidad y lejos del interés público”, explica el perjudicado con el expediente Javier Puente.

El expediente sancionador a la cabeza visible de las reivindicaciones de los bomberos data de febrero de 2020 y respondía, según el jefe de Personal, a dos faltas graves. En concreto, se le imputaban faltas por “obstaculización” de ejercicio de las funciones a un compañero y “desconsideración” a los superiores. Unos hechos que habían sucedido casi tres años atrás, pero que se retomaron casualmente después de que el trabajador municipal pidiera públicamente la dimisión de la alcaldesa, tras más de dos años denunciando la falta de seguridad en la Ribera del Duero por la ausencia de retén de guardia.

Llamaba la atención que el proceso había “prescrito” para el resto de los compañeros afectados, a pesar de que se les adjudicaban los mismos hechos sancionados y sólo siguió adelante en este caso concreto. El expediente se tradujo primero en siete meses de suspensión de funciones para reducirse más tarde a tres, aunque en el inicio del proceso se llegó a plantear la posibilidad de imputarle tres faltas graves con una posible sanción de 18 años de suspensión de empleo y sueldo (seis años por cada falta grave). Incluso el expediente se remitió a Fiscalía para que determinara si se había incurrido en un delito, y fue archivado.

Ahora, la sentencia del Contencioso Administrativo ha tenido en cuenta el recurso del trabajador y ve una “falta de igualdad de trato en relación a otros implicados en el expediente”, al culminar con el archivo por prescripción o simple apercibimiento al resto de los compañeros, mientras que al portavoz de las reivindicaciones se le impusieron tres meses de suspensión de funciones, ligándolo a su condicional de miembro de la Junta de Personal y delegado sindical. También se aduce la vulneración de su derecho a la liberal sindical y la vulneración del derecho a la intimidad por admisión de una grabación privada. Respecto, a varios WhatsApp que se esgrimían por parte del Consistorio como prueba, dice el juzgado que algunos están prescritos y otros responden a opiniones que no están dirigidas a una persona concreta.

La situación generó, además, un desgaste personal y de salud en este trabajador municipal que sopesa, junto a sus abogados, abrir un proceso judicial solicitando daños y perjuicios por las consecuencias sufridas durante meses.

 

Imagen: De archivo cuando los bomberos pidieron la dimisión de la alcaldesa en abril de 2022./ @BC