El Observatorio Municipal pide suspender la modificación del PGOU en Aranda para el hospital Recoletas

El presidente de la Asociación El Observatorio Municipal, Andrés García Arranz, ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Aranda de Duero solicitando la suspensión cautelar de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a la ampliación de suelo urbano para equipamiento en el entorno del paseo Virgen de las Viñas. La petición se produce después de que la comisión informativa municipal dictaminara ayer favorablemente esta variación para elevarla a Pleno.

García Arranz fundamenta su solicitud en la existencia de un procedimiento judicial abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estudia la posible anulación total del PGOU de Aranda y que actualmente pendiente de sentencia.

Según expone, continuar con la tramitación urbanística en este contexto supondría un riesgo de nulidad “en cascada” si el alto tribunal anula el planeamiento vigente. Por ello, solicita paralizar el expediente municipal hasta que exista un fallo firme, alegando vulneración del principio de seguridad jurídica.

 

Críticas al cambio de clasificación del suelo

El escrito incluye un amplio bloque de alegaciones en las que se cuestiona la recalificación prevista. Entre ellas, destaca el rechazo al paso de suelo rústico a urbano consolidado, al considerar que podría suponer un “enriquecimiento injusto” de los promotores al evitar cesiones obligatorias de suelo y aprovechamiento urbanístico.

Asimismo, advierte de una posible falta de justificación del interés general, señalando que la operación podría beneficiar a entidades privadas concretas sin acreditar la inexistencia de suelo urbano disponible en el municipio.

El documento también pone el foco en la ausencia de un informe de sostenibilidad económica detallado, cuestionando quién asumiría los costes derivados de nuevas infraestructuras, accesos o servicios.

En el plano jurídico, el representante del Observatorio alerta de posibles responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento en caso de que la modificación salga adelante y posteriormente el PGOU sea anulado. Incluso advierte de un posible escenario de prevaricación administrativa si se aprueban decisiones “a sabiendas” de su posible ilegalidad.

Otro de los argumentos centrales es el riesgo de que la modificación genere situaciones irreversibles antes de la sentencia judicial, lo que dificultaría su ejecución. En este sentido, se acusa al Consistorio de intentar “blindar” actuaciones urbanísticas mediante la creación de hechos consumados.

El presidente del Observatorio ha anunciado además su intención de acudir al tribunal para solicitar medidas cautelares que paralicen el procedimiento administrativo.