El PP denuncia "irregularidades" en la comisión de investigación del caso Ortuño y pide su reactivación inmediata

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Aranda de Duero exige la reactivación inmediata de la comisión especial de investigación vinculada al denominado caso de María de las Viñas Ortuño. Va más allá y requiere el acceso igualitario a toda la documentación por parte de todos los grupos municipales.

El portavoz popular, José María Jimeno, ha defendido que la comisión debe “volver a convocarse sin más dilaciones” para cumplir el objetivo para el que fue creada: el esclarecimiento de los hechos relacionados con la dimisión de la exconcejala, determinadas contrataciones laborales y el clima interno en el Ayuntamiento. El PP sostiene que el desarrollo del órgano de trabajo ha estado marcado por “retrasos injustificados, falta de transparencia y decisiones al margen del procedimiento legal”.

Según ha expuesto el grupo municipal, uno de los puntos más relevantes del proceso ha sido la gestión del escrito de recusación de la presidenta de la comisión por falta de imparcialidad presentado en abril de 2025 por la propia exconcejala que, denuncian, no habría sido resuelto durante más de once meses pese a existir un procedimiento reglado. El informe jurídico finalmente emitido en marzo de 2026, según la interpretación del PP, concluye que la comisión no era competente para resolver recusaciones, atribuyendo esa función al alcalde o, en determinados supuestos, al Pleno.

A partir de ese informe, los populares consideran que los acuerdos adoptados en ese ámbito podrían incurrir en nulidad al haber sido tratados por un órgano “manifiestamente incompetente”, por lo que reclaman que se regularice la situación administrativa y se retrotraiga el procedimiento al momento adecuado.

El PP también ha criticado la gestión de la información dentro de la comisión, asegurando que algunos documentos relevantes habrían estado inicialmente en manos del equipo de gobierno y del grupo municipal de Sentir Aranda, lo que a su juicio ha generado una “desigualdad de acceso” que ha afectado al desarrollo de los trabajos.

Por todo ello, los populares insisten en que la prioridad ahora debe ser “restablecer la legalidad, garantizar la transparencia y permitir que la comisión continúe su labor sin interferencias políticas”, subrayando que la ciudadanía “tiene derecho a conocer la verdad” sobre lo ocurrido.

 

Imagen: José María Jimano junto a la portavoz municipal del PP, Cristina Valderas./ BC