El TSJCyL estudia la posible ilegalidad del PGOU de Aranda de Duero

Hace ahora justo un año la Junta de Castilla y León aprobaba el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Aranda de Duero. Ahora su legalidad está en la cuerda floja con el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación el Observatorio Municipal que ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Un recurso interpuesto por Andrés García, representante de este colectivo, que cuenta, asegura, “con 16 motivos probados diferentes y 16 documentos adjuntos, incluyendo un vuelo de dron y un dictamen pericial”.

Resumiéndolas, existe ausencia de contestación a las alegaciones formuladas durante el trámite de información pública del PGOU. “Se demuestra que una parte sustancial de las alegaciones presentadas han sido ignoradas y, cuando se han contestado, ha sido de manera parcial obviando el grueso de la argumentación de los asuntos alegados”, explica García, señalando que sólo este hecho podría conllevar la anulación del PGOU.

Otro punto estaría en el incumplimiento del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en lo que se refiere a los sectores urbanizables SUR R-2 “Virgen de las Viñas” y SUR R-3 “San Ignacio”. Y es que su perímetro no es colindante en al menos un 20% con el suelo urbano de un núcleo de población existente. Por lo tanto, señalan desde la asociación, “supone la imposibilidad de desarrollo de ambos sectores y por tanto su anulación”.

Tampoco se definen en el PGOU, prosiguen, los accesos peatonales y rodados a estos mismos dos sectores debido a la “dificultad extrema e inadecuación a la normativa vigente”. Un problema, recuerdan, que ya fue detectado 9 años antes por la arquitecta municipal. “Los inconvenientes derivados de su ubicación, separada del núcleo urbano por la línea del ferrocarril, junto al fuerte encapsulamiento al que se encuentran sometidos por la Carretera Nacional N-I, la instalación comercial Alcampo/Sabeco, el parque de la Virgen de las Viñas y el río Duero, condicionan de manera insalvable cualquier formulación de estructura de accesos solvente ajustada a la razón y al sentido común”. En cuanto a los 3 subsectores en que se divide el SUR R-2 entienden que si se les confiere continuidad y accesibilidad entre sí, “el paseo de la Ermita se tornará permeable perdiendo el alto valor urbanístico que posee y que los ciudadanos le otorgan por su carácter de acceso principal a la ermita Virgen de las Viñas”.

Otro punto que destacan es la invasión de esos dos nuevos sectores, Virgen de las Viñas y San Ignacio, en la red ferroviaria de Adif. “Tal como se evidencia en los planos y fichas del PGOU, ambos sectores incorporan como propia la parte colindante de la red ferroviaria, pese a ser zonas de dominio público”, exponen, señalando que existe un supuesto de infracción en la Ley del Sector Ferroviario.

Su mirada se pone también en el plan especial para el centro comercial del hipermercado de Alcampo, ubicado anteriormente en suelo rústico y clasificado en el PGOU 2023 como suelo urbano. Recuerdan que “no cumple con los requisitos necesarios para obtener la condición de suelo urbano” y lo defienden con una extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo que acompañan a la demanda.

Por otro lado, también señalan que incumplen el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León los sectores SUR R-1 “Eras de Santa Catalina” y SU-NC-R-5 “Ferial” al ocupar y destinar para uso residencial la totalidad de la zona de suelo considerado como inundable, con avenidas de retorno a 500 años, “obteniendo un ilegítimo aprovechamiento lucrativo extra de 51.868 m2 en contra de los informes jurídicos municipales”. “El PGOU pretende hacer norma de la excepción y, sin justificación ni motivación alguna y en contra del interés general, ocupa esos suelos inundables haciendo caso omiso incluso de lo manifestado en sus propios informes jurídicos municipales”, censuran.

La falta de justificación para el Sistema General de Equipamiento Deportivo previsto en Cantaburros de unos 100.000 m2, así como la falta igualmente de justificación de la incorporación de algunos suelos industriales o la nueva normativa establecida para los merenderos, en los que se propone el mantenimiento de la ordenación anterior son otros puntos que incluyen en su alegación.

Se pide que se restablezca la legalidad en estos puntos, como también la reversión anterior del Sector S3 “Arroyo de la Nava”, que para este colectivo “fue desclasificado arbitrariamente en favor de los actuales sectores SUR R-2 “Virgen de las Viñas” y SUR R-3 “San Ignacio”, sectores no ajustados a derecho”.

Acude al TSJCyL, y también anuncia que está dispuesto a impugnar todas las licencias urbanísticas que crea conveniente. “Si el TSJCyL estima parcial o totalmente la demanda, las obras pasarían a ser ilegales, las licencias concedidas no serían firmes ni consentidas y procedería, en su caso, la demolición de las obras realizadas”, recuerda. Y añade que sería el Ayuntamiento de Aranda el que tendría que asumir las indemnizaciones por los daños y perjuicios originados.