La asociación del polígono Prado Marina se disuelve 16 años después de su creación

A través de una resolución de la alcaldía, el Ayuntamiento de Aranda ha disuelto la asociación administrativa que se creaba para la urbanización del polígono Prado Marina. Un colectivo que nacía en 2005   para urbanizar las parcelas en las que se han instalado varias empresas y que tenía como objetivo encargarse también del mantenimiento de las dotaciones públicas incluyendo los viales convirtiéndose en una entidad de conservación, pero la tediosa espera en los trámites administrativos ha provocado que haya expirado el plazo en el que este colectivo estaba obligado a cargar con esas responsabilidades, por lo que no ha lugar a seguir existiendo.

Fue en 2019 cuando la asociación solicitó la disolución tras la recepción por parte del Ayuntamiento de las últimas obras que se habían ejecutado en el polígono, cuyo plazo de garantía expiró un año más tarde. A pesar de que sus estatutos contemplaban la transformación de la asociación en una entidad de conservación, fue el Ayuntamiento el que asumió las obligaciones de ese mantenimiento de las dotaciones públicas por un principio de eficiencia de gestión. Y es que pensaron que la preparación de un convenio, la puesta en marcha de la entidad de gestión y el cobro del canon generaría una mayor carga de trabajo que no se iba a ver compensado con un mantenimiento de los viales por la entidad que finalizaría, sin posibilidad de prórroga, el 24 de febrero de 2021.

En marzo de ese mismo año se solicitaba la disolución de la asociación. Un mes después se aprobaba la devolución del aval constituido en garantía de la urbanización y 1,099.676 euros fueron a parar a las arcas municipales. Por tanto, se pidió dos veces más esta disolución entendiendo que las cuentas con el Ayuntamiento ya estaban hechas. En la última petición, el 1 de marzo de 2021 se instaba certificación de silencio administrativo.

Si bien es cierto que la obligación de los propietarios de costear la conservación venia descrita, no estaba detallada en un convenio urbanístico de conservación de las obras de urbanización la obligación de conservación de la urbanización. De todas formas, la Ley de urbanismo de Castilla y León impide que la obligación de conservar la urbanización exceda de 4 años sin la aprobación de los afectados. Como no la ha habido, no queda otra solución que dar por finalizada la asociación que se creó hace ahora 16 años.