La historia continúa y el TSJ tumba la licencia de la plaza de toros

A pesar de los vaticinios de la alcaldesa de Aranda, que esperaba que el respaldo del contencioso avalando la licencia definitiva de la plaza de toros pusiese un punto y final a este extenso caso, la historia continúa. No sólo prosigue, sino que da “la vuelta a la tortilla” poniendo al Ayuntamiento de Aranda en entredicho por la decisión que adoptaba la Junta de Gobierno local en septiembre de 2014 otorgando la licencia de primera ocupación y la apertura de la plaza de toros a la empresa Toros Ricor, adjudicataria de los terrenos para construirla.

Ahora, es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que ha dado a conocer su último veredicto, estimando el recurso de apelación interpuesto por la Plataforma Ciudadana de la Plaza de Toros y anulando la licencia de primera ocupación y apertura que se otorgaba en 2014 por la Junta de Gobierno. Una Junta de Gobierno que sólo estuvo constituida por cuatro personas: la alcaldesa de Aranda Raquel González, y los concejales Alfonso Sanz, Azucena Esteban y Mariángeles Marín.

De esta manera el TSJ revoca la sentencia anunciada por la alcaldesa de Aranda el pasado mes de octubre, aunque sí que da pie al Ayuntamiento a presentar un posible recurso de casación: bien ante la sala de lo Contencioso administrativo del tribunal Supremo o ante el propio Tribunal Superior de Castilla y León. Para ello tiene un plazo de 30 días hábiles.

Un duro varapalo es el que dan los tribunales de nuevo al Ayuntamiento arandino, ya que recuerda que la administración local ha vulnerado el PGOU “en cuanto a que establece la necesidad de realización de una inspección final de la obra” y no de revisiones de la obra.

“Una cosa es que para conceder la misma se haya de examinar y comprobar si la obra realmente ejecutada se ajusta a la licencia concedida y otra cosa son las actuaciones de inspección a las que se refiere dicha normativa urbanística, ya que en el presente caso se ha de destacar que no se está revisando ni la actuación material de ejecución amparada de la licencia de obras, ni la actuación del Ayuntamiento con ocasión o durante la ejecución de las obras amparadas en dicha licencia urbanística, sino exclusivamente la conformidad a derecho de la licencia de primera ocupación”, señala la sentencia recordando que la propia letrada de Obras “manifestó que no se había realizado dicha inspección final y en el mismo sentido declaró el Arquitecto municipal”.