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La Junta, obligada a pagar más de 12.000 € por la defensa que denegó a dos agentes medioambientales

Paralizaron cautelarmente la entrada de lodos en la empresa Ecoaranda y la justicia dice que lo hicieron de forma adecuada

11/07/2022 13:50 | DR
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La Junta de Castilla y León denegó la asistencia judicial en el caso de las medidas cautelares adoptadas por dos Agentes Medioambientales contra la empresa de gestión de residuos Ecoaranda. Finalmente, los servicios jurídicos de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) consiguen que la justicia les ampare y les dé la razón en todos sus términos.

Señalan desde USCAL a través de un comunicado que según se refleja en la sentencia, era el 14 de agosto de 2020 cuando las reiteradas llamadas de varios vecinos al teléfono de emergencias 112 alertaban de los malos olores y la inadecuada gestión de residuos de esta empresa situada en la carretera de la Aguilera. Allí se envió a los agentes medioambientales de guardia ese día, quienes cuentan con un seguimiento de la empresa desde 2010, y más pormenorizado desde 2015, en el que ya habían presentado actas, denuncias e informes, por los incumplimientos de esta empresa sin que el Servicio de Medio Ambiente y la Delegación Territorial de Burgos hubiera resuelto ninguna sanción, salvo una de 1.800 € en 2018 de las más de 10 denuncias realizadas contra esta empresa por diversos incumplimientos.

Los agentes decidieron paralizar cautelarmente la entrada de los lodos de naturaleza líquida es mismo día al comprobar que en una finca aledaña se estaban muriendo animales presuntamente por la ingesta de agua del pozo y que los vecinos estaban viendo contaminados sus pozos de abastecimiento de agua. Comunicaron a sus superiores la medida y desde el Servicio de Medio Ambiente se optó por, lejos de apoyar la actuación de sus agentes, realizar una consulta jurídica concluyendo con un informe que en un principio manifiesta que los agentes medioambientales no son competentes para realizar este tipo de medidas cautelares en instalaciones de gestión de residuos. El informe, apuntan desde el sindicato, terminó de forma “casual”, en manos de la empresa, “la cual utilizó el mismo para presentar una querella por prevaricación en el Juzgado de Instrucción de Aranda de Duero contra los Agentes Medioambientales actuantes”.

Los empleados públicos solicitaron la asistencia jurídica de los abogados de la Junta de Castilla y León, pero esta fue denegada por los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, lo que obligó a los agentes a sufragar de su bolsillo los gastos de procurador y abogado para defenderse de la denunciade una empresa, recuerdan, que al día de hoy tiene abiertos diferentes expedientes sancionadores, por los incumplimientos detectados el día de la inspección en la que se adoptan las medidas cautelares, además de otros abiertos por Confederación Hidrográfica del Duero por afección a las aguas subterráneas.

A continuación, fueron los agentes, apoyados por su sindicato profesional APAMCYL, los que presentaron un contencioso administrativo consiguiendo el amparo judicial de que su actuación se hizo de manera adecuada. Además, se condena a la Junta de Castilla y León a correr con los gastos de defensa jurídica que los agentes tuvieron que pagar de su bolsillo.

 

Intereses oscuros

Desde USCAL califican de “esperpento que los ciudadanos tengan que soportar el gasto de una asistencia jurídica para unos funcionarios, aun teniendo servicio jurídico propio y disponiendo la Administración de una póliza de seguros que puede cubrir el coste de la defensa”. Barajan que esto se debe “presumiblemente por el interés oscuro de algún alto cargo de la administración que pretende cercenar la capacidad o el trabajo de determinados funcionarios” y no entienden que, en Aranda y con esta empresa concreta, trasciendan este tipo de actuaciones que son habituales en infinidad de intervenciones de tipo medioambiental, competencia de estos agentes de la Junta de Castilla y León.

El pasado mes de septiembre de 2021, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Aranda de Duero archivó la causa, junto con el criterio de la Fiscalía, contra los Agentes Medioambientales, si bien la empresa recurrió la misma en reforma y apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos. Esta ha desestimado finalmente el recurso, apoyando el auto del Juzgado de Instrucción arandino, sin posibilidad de recurso alguno. Considera que la adopción de la medida cautelar adoptada “ni era nula, ni arbitraria”.

 
4 Comentarios
 
 
 
Usuario  
#1   Tania Fuego 11/07/2022 21:01:55
 
Otro desacierto de la junta
 
 
 
 
 
 
Usuario  
#2   Morgan 12/07/2022 7:07:50
 
El que dos agentes medioambientales intenten impedir (tal y como es su obligación) que envenenen sistemáticamente nuestros suelos y pozos y sean perseguidos es un escándalo.
La Junta con su actitud está dejando muy claro que alguien tiene interés (probablemente económico) en que esto siga sucediendo y ya de paso, manda un aviso a navegantes de lo que pasa si a algún otro agente se le ocurre hacer su trabajo.
En mi opinión, deberia actuar la Fiscalia de oficio, porque esto huele peor que los propios vertidos.
 
 
 
 
 
 
Usuario  
#3   Cicerone 12/07/2022 17:35:52
 
Personal imprudente hay en todos los oficios, lastima que sean funcionarios que se toman la ley por bandera. Negligencias subsanables con el efecto secundario pagados con el dinero de todos los ciudadanos, una cosa es cumplir la ley y otra tomarse su puesto por interés personal. Si la ley castiga a la Junta es por qué no hay profesionalidad en los agentes, no es uno son dos. Vaya representación profesional. De pena!!!
 
 
 
 
 
 
Usuario  
#4   Martinez 12/07/2022 18:11:30
 
Lo que está claro es que los agentes medioambientales realizaron su trabajo por el riesgo que suponía para el medio ambiente y la salud de las personas. Y por lo que dicen en la noticia de algo oscuro, se ve que en la junta había algún alto cargo que permitía a la empresa manga ancha aún cometiendo multitud de irregularidades. Huele muy mal alguien se estaba beneficiando mucho y se les acabo el chollo
 
 
 
 
 
 
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