La Aguilera pide que sea Aranda de Duero la que costee la depuradora

En base al artículo 50 de la Ley 1 de 1998 de 4 de junio de Régimen Local de Castilla y León, el alcalde pedáneo de La Aguilera, Luciano Burgos, ha registrado esta mañana un escrito al Ayuntamiento de Aranda de Duero en el que solicita que sea este Ayuntamiento, y no el de la entidad menor, el que asuma los gastos de la futura depuradora.

Así, lo que se pide en ese documento es que se suprima la clausula del convenio que se llevó al último Pleno de Aranda de Duero de 2024, donde se indicaba que serían los habitantes de la pedanía los que tuviesen que correr con la parte municipal del millón de euros que costaría la construcción de la depuradora, añadida a los 39.000 euros anuales que supondría su mantenimiento. Un importante daño para una pedanía que apenas cuenta con 150.000 euros de presupuesto.

Luciano Burgos y el concejal arandino José María Jimeno reconocen que no tenían conocimiento de ese artículo de la Ley que exime a una entidad menor a correr con los gastos de evacuación y tratamiento de aguas cuando no tiene las competencias para ello. Tampoco los informes técnicos incluyeron la existencia de ese artículo. Y que ha sido debido a la importante movilización social que se ha creado en La Aguilera por lo que este expediente está sufriendo tantos cambios ocasionados tras la búsqueda de información que no ha parado hasta ahora. Primero, Burgos dio marcha atrás al proyecto del convenio ante la crítica de sus vecinos, pero apenas un mes después pidió que se retomase argumentando presiones.

El último paso ha sido la presentación de este escrito para recordar que “La Aguilera no tiene que asumir esas responsabilidades”.

 

¿Qué pasó con el proyecto y los correos?

Van más allá, criticando que hasta ahora no han tenido acceso al proyecto de la depuradora, y señalando que se han enterado de comunicaciones del SOMACYL que habían llegado al Ayuntamiento a las que no se les ha dado paso.

Como ejemplo ponen un correo recibido el 23 de mayo de 2023, casualmente cinco días antes de las elecciones municipales cuando todavía gobernaba el PP en el Ayuntamiento de Aranda de Duero y el popular Carlos Fernández era el responsable de la concejalía de Medio Ambiente hasta mediados de junio.

En ese correo dirigido a la oficina de Medio Ambiente se informaba que la aprobación del convenio del Ayuntamiento de Aranda con el SOMACYL para la construcción de la depuradora debería ser aprobado junto con el proyecto técnico. “Lo que se llevó a Pleno el otro día no contemplaba para nada el proyecto técnico, no lo conocíamos y ni siquiera sabemos si está informado por los nuestros técnicos municipales”, explica el concejal arandino José María Jimeno.

“Me informaron del correo que tenían en Aranda y lo ha tenido porque ni los concejales ni nadie sabe nada de ese proyecto”, prosigue Luciano Burgos, quien reconoce que no ha hablado con el anterior concejal de Medio Ambiente sobre ello. Burgos critica que el Ayuntamiento de Aranda debería haber seguido moviendo el expediente, y no él. “No han trabajado absolutamente nada porque toda la información que ahora mismo poseemos es cosa mía, no es cosa de del Ayuntamiento que no ha hecho nada por la depuradora de la Aguilera”, reprocha.

Y termina repitiendo que es el Ayuntamiento de Aranda el que debe asumir los gastos y asumir su competencia.

 

 

Sobredimensionada y alejada

También el alcalde pedáneo ha respondido a las críticas que el vocal de la oposición de España Vaciada lanzaba argumentando que la depuradora que se proyectaba estaba sobredimensionada y muy alejada de la población. Y es que el proyecto se contempla para una población de 1.500 habitantes cuando tiene 300 y se prevé su construcción a más de un kilómetro y medio del pueblo.

En respuesta a las dos cuestiones, Luciano Burgos explica que no es su proyecto, sino el que han hecho los técnicos de SOMACYL. “Lo único que he hecho yo ha sido acompañarlos al principio para decirles por dónde iban las tuberías”, asegura el alcalde pedáneo, quien recuerda que el primer sondeo fue en una finca cercana al río donde se vio “que era imposible hacerlo donde querían porque se inundaba”.

En cuanto al sobredimensionamiento, recuerda que en los meses de verano la población pasa de los 500 habitantes y que los fines de semana llegan muchos visitantes al santuario, pero reitera que no es su proyecto, sino el de los técnicos de la Junta de Castilla y León.