
Está claro. Todos los grupos que conforman el Ayuntamiento de Aranda de Duero coinciden en que con algunos trabajadores del área de Servicios Sociales se ha producido una discriminación cuando se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo el pasado mes de diciembre. Precisamente ese asunto es el que provocó un forcejeo político en el último pleno. La oposición daba de esta manera un “aviso a navegantes” al alcalde de Aranda recordándole por un lado que gobierna en minoría y por otro que hay una obligación: la de que las alegaciones están para ser contestadas.
Pongámonos en situación. El concejal no adscrito, Alberto Marcos, registraba la pasada semana dos mociones para ser debatidas en el Pleno. En una se pedía eliminar la brecha retributiva que sufren algunos trabajadores de Servicios Sociales, con una puntuación inferior a la de otros puestos de técnicos municipales de igual grupo, categoría y responsabilidad. En la otra se abordaba específicamente el puesto de técnico de animación comunitaria, con una categoría inferior a pesar de que se exige titulación universitaria.
Las dos mociones llegaron, pero no se incluyeron en el orden del día, algo de lo que no se le informó. Esto llevó a Alberto Marcos a presentar una moción de urgencia para que se tramitasen esas mociones.
Llegaron las diez de la noche. Tras debatir una moción del PP que sí estaba incluida en el orden del día y el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, decidió no dar paso a las mociones de urgencia. Lo hacía amparándose en el acuerdo adoptado hace medio año donde los grupos se comprometían a que la parte resolutiva de las sesiones concluyesen antes de las 21:30 horas.
La postura del primer edil no gustó a la oposición y el enfrentamiento se hizo patente. Todo ello bajo la mirada de los empleados municipales de Servicios Sociales que acudieron al Pleno con carteles reivindicativos. El resultado: diez minutos de receso para abordar con los portavoces si el acuerdo sobre el horario de los plenos se rompía o no. Y no sería el único parón del Pleno, uno vino dado por un apagón que duró unos minutos y otro para aclarar la duración del acuerdo de cesión de cubiertas municipales a la nueva comunidad energética Todo Burgos.
El resultado: la moción de urgencia se debatió. Según el alcalde esto suponía la ruptura del pacto de duraciones de los plenos. Según el resto de agrupaciones de lo que se trataba era de “dar voz a quien no la tiene”, argumentaba desde Vox Sergio Chagartegui, refiriéndose a la imposibilidad de Marcos de estar informado al no formar parte del grupo de portavoces.
Para la oposición, el equipo de gobierno debe enmendar el problema de agravio comparativo con Servicios Sociales cuyos trabajadores han presentado alegaciones que a día de hoy no han sido contestadas. “¿Por qué no han contestado las alegaciones? si lo hubiesen hecho no estaríamos hablando de esto. El silencio administrativo es lo peor que se puede hacer a cualquier trabajador o ciudadano”, señalaba desde el PSOE Ildefonso Sanz.
La concejala de Personal, Belén Esteban, aseguró que “tenemos voluntad de solucionar las cosas”, y su grupo, Sentir Aranda, y Ciudadanos, también del equipo de gobierno, votaron a favor de la moción de urgencia que fue aprobada por unanimidad.
Destacó la intervención de Andrés Gonzalo, de Podemos- Izquierda Unida, que abandonaba el equipo de Gobierno en marzo tras la expulsión del mismo de su compañero Carlos Medina 24 días antes. “Yo ahora mismo no hubiese aprobado la RPT tal y como estaba planteada”, aseguraba.
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