
Dos posicionamientos confrontados entre gobierno y oposición, y ambos con el mismo argumento: la defensa de la legalidad. La mejora de retribuciones al oficial mayor del Ayuntamiento que, desde 2017, hace las labores de vicesecretario, se tumbó este jueves en el pleno con los votos contrarios de Partido Popular, Partido Socialista y Vox, que hicieron valer su mayoría para frenar las aspiraciones de mejora económica del trabajador municipal. Los votos del equipo de gobierno no fueron suficientes para ejecutar un asunto polémico que se elevó a pleno como modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2012, en lugar de esperar a la nueva RPT que está en proceso de negociación.
Por un lado, el gobierno municipal ponía el acento en un auto judicial que obliga al pleno a aprobar esta subida económica, acordada a través de un proceso de mediación emprendido de forma unilateral y en solitario por el tripartito y sin acuerdo de pleno, según afeó la oposición en el debate. Por el otro lado, PP, PSOE y Vox incidieron en los informes contrarios a esa propuesta, poniendo especial hincapié en los elaborados por el jefe de Personal y el letrado urbanista, en los que se alude a un trato "discriminatorio" que "incumple el principio de igualdad retributiva de los trabajadores". En el expediente, según se detalló en la sesión plenaria, también aparecen varias facturas firmadas por el afectado para desembolsar los trabajos de una empresa para su valoración, y quien también firma un documento para contratar su propia valoración de complemento económico.
La concejala de Personal, Belén Esteban, apeló a la necesidad de ejecutar la sentencia para cumplir la legalidad y no incurrir en rebeldía judicial. Asimismo, aludió al año 2017, cuando gobernaba el Partido Popular, y se aprobó el cambio de funciones sin valorar la actualización de retribución. Por su parte, la oposición esgrimió los informes contrarios y la falta de documentación en el expediente, donde apareció, a menos de 24 horas de la sesión, un informe del departamento de intervención. La portavoz popular, Cristina Valderas consideró que el gobierno municipal intenta "forzar decisiones políticas con amenazas", y "antepone el interés particular, frente al general".
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