La Plataforma acusa a Linaje de construir una "post-verdad política" sobre la plaza de toros

La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros de Aranda de Duero pide la paralización inmediata del comité jurídico impulsado por el Ayuntamiento para analizar el expediente del coso multiusos, al considerar que existen dudas sobre la compatibilidad de uno de sus integrantes y cuestionar la finalidad de este órgano asesor.

A través de un escrito registrado en el Consistorio, el colectivo acusa al alcalde, Antonio Linaje, de utilizar este comité para "articular una post-verdad política" con la que, según sostiene, pretende "sustituir a la verdad judicial que han constatado los tribunales durante dos décadas de procedimientos judiciales".

Desde la Plataforma recuerdan que buena parte de las actuaciones administrativas relacionadas con la plaza de toros han sido revisadas por la Justicia y aseguran que existen sentencias firmes que declararon nulos determinados actos municipales vinculados al conflicto.

El colectivo considera que el comité ha sido creado "sin cobertura ni amparo legal" y sostiene que su finalidad sería "cambiar el relato para su propio beneficio, de acuerdo con intereses electorales y partidistas".

La principal objeción planteada se centra en uno de sus integrantes, el secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Mozo Amo. La Plataforma afirma tener "fundamentadas dudas" sobre si está legalmente habilitado para prestar asesoramiento jurídico en este procedimiento debido a su situación administrativa y régimen de dedicación en la administración vallisoletana. Así lo manifiestan, tal y como denunciaban el pasado mes de febrero.

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento de Aranda que requiera la documentación que acredite la compatibilidad o autorización necesaria para participar en el comité y reclama que se suspenda de forma cautelar su actividad mientras se aclara esta cuestión.

Asimismo, el colectivo ha pedido información al Ayuntamiento de Valladolid para conocer las condiciones en las que desempeña sus funciones el citado funcionario. En caso de que se confirme la falta de habilitación para realizar esta labor, la Plataforma exige que se declare "la nulidad y disolución" del comité jurídico constituido por el Consistorio.