La Plataforma por la Plaza de Toros cuestiona la composición del comité jurídico municipal

La Plataforma por la Plaza de Toros ha mostrado su sorpresa y preocupación ante los primeros pasos dados para la creación del comité jurídico que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda de Duero pretende poner en marcha con el objetivo de desbloquear la situación del coso taurino. Aunque reconocen la necesidad de buscar una solución, desde el colectivo consideran que la elección de algunos integrantes genera dudas, especialmente por la presencia del magistrado Jesús Mozo Amo.

Se trata del juez de lo contencioso-administrativo que, desde el Juzgado número 1 de Burgos, inadmitió en 2010 el recurso presentado por la Plataforma contra el Ayuntamiento por inactividad administrativa. Aquel recurso se refería a la falta de resolución ante el incumplimiento por parte de la empresa Toros Ricor del contrato de compraventa de la parcela donde se ubica la plaza, que aún carece de licencia de apertura, y buscaba que el inmueble revirtiera al Ayuntamiento.

El magistrado desestimó la denuncia por falta de jurisdicción, al considerar que la acción iba dirigida contra un sujeto privado y debía plantearse ante la jurisdicción civil y no la contencioso-administrativa, incluso en contra del criterio de la Fiscalía. Desde la Plataforma recuerdan que la resolución no entró en el fondo del asunto y sostienen que la naturaleza administrativa existía en el contrato al incluir contraprestaciones como la celebración ininterrumpida de la Feria Taurina.

A la espera de ser convocados formalmente, desde el colectivo aseguran que todavía no han sido citados y que están ultimando la designación de su representante. “Hemos recibido la comunicación y estamos valorando el nombramiento. Al revisar la documentación hemos recordado la sentencia de 2010 sobre un asunto que creemos similar a lo que ahora se pretende dilucidar”, señalan.

En su opinión, la presencia del magistrado podría afectar a la percepción de imparcialidad del órgano. “Ya existe un criterio previo sobre un tema parecido y nos preguntamos si podrá actuar con neutralidad. No empezamos bien si el asunto ya viene condicionado por una opinión formada”, afirman, recordando que en su momento la inadmisión se produjo “sin analizar la naturaleza jurídica del contrato” y en contra del informe del Ministerio Fiscal.

Además, la Plataforma ha puesto en duda la propia base legal del comité jurídico. El colectivo pide aclarar “en virtud de qué acuerdo o acto administrativo se convoca, por qué órgano competente y bajo qué respaldo jurídico”, ya que aseguran no haber encontrado referencia a este órgano ni en el Reglamento de Régimen Interior municipal ni en la normativa aplicable a entidades locales.

Tampoco comprenden algunos aspectos de la comunicación recibida, en la que —según explican— se habla de la legalización de la instalación cuando el expediente en cuestión estaría relacionado con la resolución del contrato. “No entendemos la diferencia entre lo que se ha trasladado públicamente y lo que recoge la notificación; hay cuestiones que generan confusión”, sostienen.