Los arandinos tendrán que pagar el 100% de la tasa de basuras

La Ley entró en vigor en 2022 y de momento no se ha hablado mucho de ella, pero es una normativa que a los arandinos y a los ribereños nos repercutirá porque nos veremos obligados a pagar el 100% de la tasa de basuras. Estamos hablando de la Ley que se denomina “de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, un nombre algo rimbombante que, en definitiva, es la tasa de basuras.

Repercutirá a los ciudadanos porque en Aranda de Duero, por ejemplo, en estos momentos no paga el ciudadano ninguna tasa de basuras, sino la del tratamiento de los residuos que va a parar a las arcas de la Diputación de Burgos, administración que se encarga de este trabajo. Y es el Ayuntamiento de Aranda el que suelta cada año del cajón dinerario municipal 1,5 millones de euros para la recogida de residuos, limpieza y aseo urbano.

¿A qué obliga esta ley? Fundamentalmente obliga a los ayuntamientos a separar la tasa de basuras del resto de impuestos. O sea, en el caso de Aranda, a que haya una ordenanza de basuras con una tasa concreta que refleje los costes reales de la gestión de residuos, para repartir el coste entre los contribuyentes.

Y los ayuntamientos tienen que darse prisa, porque ese cobro se debe de hacer a partir de abril de 2025, pero es que es fundamental para ello primero contar con una ordenanza, algo que no existe ahora mismo.

El Consistorio arandino se ha puesto las pilas, y de momento ha celebrado una jornada para explicar la ley y su aplicación práctica. Uno de los ponentes ha sido en catedrático emérito de Derecho financiero y Tributarios de la Universidad de Valladolid, Alejandro Menéndez. A él le hemos trasladado la pregunta de cómo se hará para conseguir que el que más contamine más pague. La respuesta no es nada esclarecedora cuando señala que “esa pregunta me la sigo haciendo yo”. “La ley no ofrece datos lo suficientemente certeros y seguros como para que todos los ayuntamientos de España que están obligados puedan realizar una ordenanza porque es muy compleja, es muy diversa y tiene muchos problemas de cuantificación general y de atribución individualizada”.

Porque todos contaminamos, pero no todos lo hacemos de la misma forma y no existen contadores a la hora de tirar nuestros residuos. Ese será el caballo de batalla de las administraciones, teniendo en cuenta además que el 70% de los municipios españoles cuentan con menos de 2.000 habitantes sin una infraestructura burocrática capaz de atender a las reclamaciones legítimas que los destinatarios puedan hacer.

Jesús Matesanz es tesorero del Ayuntamiento de Madrid, y coincidía en el problema que supone esta ley sobre todo para los pequeños ayuntamientos. Califica la ley de “complicada” y hablando de ordenanzas fiscales, entiende que la mayoría de municipios y ciudades optarán por generar una tasa por cada tipo de usuario, donde el ciudadano pague en función del valor catastral de la vivienda y el sector industrial con otra tasa distinta donde se pueda tener en cuenta el residuo que genera.

“Sobre todo, lo que establece la ley es que la ciudanía y empresas tienen que financiar en su conjunto el coste del servicio, que no puede ser deficitario. Hasta ahora los ayuntamientos soportaban de su propio presupuesto parte del coste y ahora eso ya no va a poder ser así”, termina diciendo.