
Los vecinos afectados por el proyecto de rehabilitación de los Bloques (ARU) de Santa Catalina aseguran que ellos no son los culpables del posible retraso que pudiera derivar a que las obras no estén finalizadas en el mes de junio, fecha tope -de momento- para que las ayudas europeas no peligren. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero no achacan el problema a todos ellos, pero aseguran que a día de hoy no todos los contratos con la empresa de la red de calor están firmados por parte de los propietarios, y que hasta que eso no ocurra la suministradora no podrá empezar a acometer los trabajos, porque así está estipulado.
La situación es tensa, porque a pesar de que por parte de los propietarios se asegura que “tenemos que remar todos a una”, lo cierto es que no todos han cumplido a la hora de firmar indicando si quieren que el suministro energético que les llegue sea de forma comunitaria o de forma individual. Y depende de esos contratos otros trabajos, como la instalación de ascensores “porque las tuberías tienen que ir por esos huecos”, explica la concejala de Urbanismo Ana María Hervás. Es algo para lo que han tenido tiempo desde mayo del año 2025 con 13 reuniones entre medias con presidentes y administradores y que se ha terminado de decidir en la globalidad de comunidades hace apenas cinco días. Pero queda firmar los contratos, “una de las obligaciones que adquirieron los vecinos cuando aceptaron la subvención” aclara la edil.
Hoy, un grupo que representa, de momento, a 100 de los 180 propietarios afectados por el plan de regeneración de los Bloques, han convocado una rueda de prensa para presentar a la persona que ha tomado las riendas jurídicas y técnicas para asesorarles. Se trata de la abogada Teresa Moyano García. Con ella se han llevado a cabo una serie de actuaciones, como requerir a la dirección facultativa de la obra que se solventen “las deficiencias detectadas”, solicitar al Ayuntamiento el expediente correspondiente a esta actuación, y dar aviso a los administradores de las distintas comunidades sobre la llegada de una letrada garante de los propietarios.
“Estamos en el Ecuador, a la mitad del tiempo que tenemos para hacer la obra”, recuerda la persona que se ha erigido como portavoz de los vecinos, Alberto Cermeño, criticando que el Ayuntamiento “no ha dado la información suficiente, ni contado con nosotros a la hora de tomar decisiones en los acabados del proyecto, ni en las partidas que entran o no entran”.
La respuesta a esta queja la daba tras la reunión la concejala de Urbanismo: “el proyecto ha sido público”. “Se está hablando de que no se tiene a conocimiento de lo que se incorpora en proyecto, un proyecto que ha sido público. Hablan de que se les prometió cosas. No sé qué cosas ni qué compromisos había adquirido la Corporación anterior con ellos de verdad, y lo digo desde el máximo respeto, pero desde que yo llego al frente de la concejalía se ha tenido claro desde el principio, lo que se hace es en base del proyecto”, puntualiza.
Otro motivo que preocupa a los vecinos hoy representados se dirige al dinero que se podría estar ahorrando en algunas partidas. Piden que repercuta en ellos y no en el Ayuntamiento: “hemos detectado importantes ahorros en partidas del presupuesto que justificándose deberían servir para la introducción de otras que quedaron pendientes por falta de presupuesto”, comenta Alberto Cermeño.
Al respecto la edil de Sentir Aranda es clara: “se ha explicado muy claramente en las distintas reuniones, que no se preocupen si hay partidas que están sobredimensionadas y se producen ahorros, que ojalá ocurra. Se ha dicho y se ha aclarado que serán para emplearlos en cualquier otra partida que lo necesite en el proyecto”.
Desde el equipo de gobierno no están de acuerdo en que esas cantidades beneficien a los vecinos ya beneficiados con las ayudas, teniendo en cuenta “que no es correcto que los vecinos vayan a pagar el 15% de la obra, como dicen”. “Los vecinos no aportan un porcentaje de la obra, los vecinos aportan una cantidad fija”. Mientras que el Ayuntamiento correrá con 1,6 millones del gasto, indica, los propietarios correrán con unos 800.000, y de ese dinero tendrán que restar las ayudas de vulnerabilidad que se otorgan desde el Consistorio (algo más de 300.000 euros). “Por lo que entendemos que el ahorro que se produzca en la obra tiene que repercutir a la aportación que hace el Ayuntamiento que representa a todos los ciudadanos de Aranda”, indica la concejala
Aparte de todo ello, Ana María Hervás asegura que se queda con la parte positiva: “la de que todos estamos para aportar, para sumar y no para poner palos en el proyecto”, algo que considera “un avance”.
Y aclara también la responsable de Urbanismo: “a fecha de hoy no está en peligro perder la subvención”. No entiende que “se esté generando una alarma cuando en prensa sale que se da por perdida”. “A fecha de hoy no hay ningún elemento que nos haga concluir que la subvención se ha perdido”, asegura, asegurando que a pesar de todo y en previsión se ha solicitado ampliación de plazo de este proyecto.
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