Los veterinarios arandinos exigen reformas urgentes para la protección de los animales

Las clínicas veterinarias de Aranda de Duero cierran hoy sus puertas y sus propietarios lo hacen realizando un gran esfuerzo con el fin de decir “¡Basta!” y exigir reformas urgentes ante la difícil situación que atraviesa la profesión. El sector busca garantizar la calidad del servicio y el bienestar de las mascotas, pero las normativas no se lo están poniendo nada fácil.

“No podemos trabajar si nos atenemos estrictamente a las leyes, porque al final lo que van a hacer es que cometamos realmente mala praxis, porque es que no se puede trabajar correctamente”, explica el veterinario Ander Ziganda en representación de sus compañeros de las clínicas de la capital ribereña. Ellos, además de cerrar los establecimientos uniéndose a la reivindicación que se está haciendo hoy en toda España, se han manifestado a las puertas del Ayuntamiento arandino.

Y es que las normativas están poniendo en riesgo la capacidad de los veterinarios colegiados para ejercer una medicina de calidad con los animales sin tener en cuenta que de su salud también depende la salud de las personas.

Piden tener libertad de criterio clínico y no seguir normativas restrictivas que limitan los tratamientos “ignorando los avances científicos, nuestra formación y nuestra experiencia”, recuerdan los profesionales; criticando que no se dejen utilizar ciertos antibióticos “porque no han pagado por el nuevo registro, pero sabemos que funciona”.

También la normativa dificulta la dispensación de medicamentos desde la clínica y obliga al usuario a comprarlos en la farmacia. “Igual un animal necesita ocho pastillas y se les obliga a los cuidadores a comprar un envase de cien, ¿qué hacen con el resto? Pues igual una mala gestión que puede ser buena si nos encargamos nosotros de ello y sólo damos las ocho que necesita”, comenta María Claret Miguel.

Esa manera de trabajar, critican, no se puede hacer en España cuando en otros países europeos sí que se permite. “Tenemos más obligaciones y menos derechos”, inciden los veterinarios, asegurando que “el vaso se ha colmado”.

Porque hay más razones, como el aumento de la burocracia en los trámites administrativos “innecesarios”, el hecho de que haya desde 2012 un IVA del 21% para los servicios veterinarios, por lo que reclaman que sea del 4%; o que se den sanciones abusivas con multas “desproporcionadas” que pueden alcanzar los 1,2 millones de euros por errores administrativos.

Por último, aseguran que la lucha no es sólo por ellos, sino por la salud y el bienestar de las mascotas. Y sólo se conseguirá si se permite “ejercer nuestra profesión de manera ética y responsable”, si se garantiza el acceso a tratamientos adecuados y justos, y se establecen normativas con mascotas que protejan realmente a los animales.

 

Imagen: @BCisneros