Luz verde inicial al cambio urbanístico para el hospital Recoletas en Aranda entre críticas de la oposición

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha aprobado, en el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, la modificación inicial de los terrenos que albergarán, en un futuro, el hospital privado Recoletas, junto al hipermercado Alcampo y la residencia Ciudad del Bienestar. Una variación de suelo urbanizable (en la actualidad) a suelo urbano consolidado (lo que se pretende y así lo permite el PGOU), que en principio ha tenido el visto bueno de Sentir Aranda, PP, VOX y Ciudadanos. Los votos en contra han venido desde Podemos- Izquierda Unida; y la abstención del PSOE y del edil no adscrito Alberto Marcos. El siguiente paso será la información pública del proyecto durante dos meses para posibles alegaciones.

La defensa del voto en contra la ha realizado el concejal de IU Carlos Medina asegurando que “lo que se vende como un trámite neutro y aséptico desde nuestro punto de vista no es así, es una aberración urbanística que pone el broche a un despropósito de hace años”. “Si queremos ser coherentes con la defensa de la sanidad pública, no podemos favorecer la instalación de clínicas privadas y el Ayuntamiento no debería ser cómplice”, proseguía, añadiendo que esta situación es “un eslabón más de la estrategia de la Junta para trasferir recursos públicos al ámbito privado”.

Ildefonso Sanz, portavoz del PSOE, dejaba patente su duda sobre un PGOU “que está recurrido y estamos esperando la resolución al respecto, ¿y si no es favorable al Ayuntamiento?”, se preguntaba. Al mismo tiempo mostraba su incredulidad porque esta modificación no lleve consigo algún tipo de cesión al Consistorio de terrenos y sus previsiones de la modificación suponga “que estemos abriendo un gran melón” con otras zonas de Aranda de Duero como las Eras de Santa Catalina o una parte de la de las Casitas. “Todos los terrenos que estén al lado de suelo urbano sólo con que lo soliciten pasarían a ser suelo urbano consolidado”, comentaba.

La edil responsable de Urbanismo, Ana María Hervás, contestaba a algunas de esas preguntas: la modificación no genera derechos consolidados y no se puede estar esperando a la sentencia del recurso: “que puede ser recurrida al Supremo, y ¿qué hacemos, seguir así otros cuatro años?”, preguntaba.