Cuatro son las enmiendas que ha presentado el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Aranda de Duero al proyecto de presupuestos para 2025 del equipo de Gobierno. Alberto Marcos incide en que lo más necesario es que “los presupuestos se aprueben con celeridad, permitiendo que todas las partidas sean adjudicadas, asignadas, trabajadas y ejecutadas”.
Sobre las enmiendas presentadas, la primera se dirige al colectivo joven de la ciudad, con “falta de actividades, espacios y atención por parte del consistorio y a la ausencia de políticas específicas en mandatos anteriores”. Propone la inversión de 76.000 euros para tres proyectos: el desarrollo de un estudio sobre empleabilidad, educación, sentimiento de pertenencia a nuestra localidad y ocio juvenil; la implementación de un espacio creativo y artístico para la juventud; y el alquiler de locales y espacios destinados a actividades juveniles dentro de la ciudad. Para ello plantea una aminoración de esa cantidad en energía eléctrica que podría reducirse “al aplicar”, explica, “el porcentaje de incremento eléctrico correspondiente al ejercicio 2024”.
Por otro lado, la segunda enmienda se dirige al regreso de las colonias urbanas de verano en Aranda. Su propuesta es destinar 250.000 euros para ello aumentando los ingresos de precios públicos, los que generen las propias colonias urbanas, y plusvalías, algo “basado en estimaciones desactualizadas de ingresos fiscales”.
La tercera de las enmiendas no supone cantidad alguna, porque se basa en modificar un anexo incluido en los contratos de menos de 3.000 euros “con el fin de evitar la saturación de las distintas secciones administrativas del Ayuntamiento”. Se refiere a la retención de crédito que deben solicitar los jefes de sección parar garantizar que los gastos realizados cuenten con consignación presupuestaria.
La última de las enmiendas, la más polémica, se centra en el dinero que reciben los concejales en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Teniendo en cuenta que hay algunos que superan los 65.000 euros anuales se propone que sea incompatible ejercer un cargo con liberación sindical o económica en otra Administración Pública. Una propuesta que se dirige de forma muy directa al portavoz del PSOE, Ildefonso Sanz, que se encuentra liberado como diputado en la Diputación provincial, al mismo tiempo que recibe dinero de las arcas municipales. Otro caso sería el de Ámparo Simón, concejala socialista, liberada como sindicalista en UGT.
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