Martínez no fue convocada en la reunión donde se tomó la decisión de expulsarla

“Se están vulnerando gravemente mis derechos fundamentales, ocasionándome un perjuicio en diversos ámbitos”. Esta es la afirmación que hace la aún concejala del PP en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Virginia Martínez, tras conocer de forma externa y no a través de su partido, que se ha iniciado un procedimiento de modificación del grupo municipal “basado en un supuesto acuerdo de grupo para el que no he sido convocada, ni del que he tenido conocimiento como concejal del Partido Popular”.

Como era de esperar, prosigue el culebrón iniciado por el grupo municipal del PP desde que anunció el pasado mes de octubre la expulsión de Martínez. Esta se manifiesta en respuesta a la rueda de prensa realizada ayer en el seno del PP ribereño donde la portavoz municipal, Cristina Valderas, aseguraba que un concejal puede pasar a las filas de los no adscritos si era expulsado por acuerdo mayoritario del grupo político mediante votación y que así se había hecho.

Y lo hace con un escrito que ha registrado en el Ayuntamiento señalando que ha conocido que existe un expediente sobre su expulsión del grupo municipal únicamente por los medios de comunicación. Y siendo parte interesada, solicita el acceso “inmediato e íntegro al expediente” o a cualquier documentación vinculado con él “con el fin de conocer el alcance de las actuaciones que en él se están llevando a cabo y poder ejercer adecuadamente mis derechos”.