La sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Aranda de Duero a despedir a cinco bomberos tras la anulación judicial de las bases que rigieron su elección se queda sin efecto. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anula ese veredicto, por lo que los trabajadores podrán continuar en sus puestos. Eso sí, se trata de una decisión judicial que aún no es firme, porque cabe recurso de casación.
¿En qué se basa este cambio judicial? Si la anterior sentencia respaldaba la ilegalidad de las bases que se hicieron en su día, la de ahora indica que los 18 bomberos que presentaron la denuncia no tenían legitimidad para hacerlo.
La denuncia se encaminó a que las bases que el anterior equipo de gobierno aprobaba en septiembre de 2022 para cubrir cuatro plazas de bomberos no eran legales, ya que el proceso clasificaba al puesto de bombero como Grupo C1 y no como C2, tal y como “establece la Relación de Puestos de Trabajo y la Oferta Pública de Empleo”. Además, los puestos se convocaron a través de Oposición libre, en lugar de Concurso Oposición como se fijaba en la RPT vigente desde 2012.
Los bomberos señalaban que “haciendo caso omiso de las advertencias”, se siguió adelante con el proceso y fruto de ello se contrató a las cuatro personas que aprobaron y lograron mejor puntuación. Y a una quinta, la primera en la bolsa de empleo, a la que se contrató como interino.
La primera sentencia fallaba la anulación de las bases, y por tanto el despido de los cinco trabajadores, pero el procedimiento se elevó al TSJ, que ha dado ahora un veredicto que da un vuelco al primero. Porque entiende que las personas que se personaron en la causa eran funcionarios en el momento de la oposición, por lo que no tenían implicación alguna en él. Y que lo hicieron de forma personal, sin atribuirse a sindicato alguno a pesar de que uno de ellos era representante sindical.
Para el TSJ, la intención de los denunciantes no era otra que conseguir la reclasificación personal de su puesto de trabajo al grupo C1, y no al C2. Una obligatoriedad del Ayuntamiento dirimida también por los tribunales, en este caso el juzgado de lo contencioso administrativo de Burgos, que obligaba al Ayuntamiento arandino a restituir las cantidades deducidas en concepto de complemento específico de las nóminas desde mayo de 2021, momento en el que la anterior corporación decidió la rebaja del salario.
Este escollo, el de la reclasificación, es al que el nuevo equipo de gobierno quiere hacer frente, en la sección de bomberos, que pasarán de C2 al C1.
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