Piden suspender de inmediato las reuniones del comité de expertos de la plaza de toros

La situación de la plaza de toros de Aranda de Duero vuelve a generar controversia tras la presentación de un escrito en el Ayuntamiento de manos de la Asociación El observatorio municipal. En él se solicita la suspensión inmediata de las reuniones del comité de expertos constituido para analizar el futuro del recinto. El documento sostiene que cualquier avance de este órgano debe quedar paralizado hasta que se adopten las medidas urbanísticas y administrativas que, a juicio del firmante, siguen pendientes.

La petición plantea que el Consistorio debe comenzar por incoar de forma inmediata el expediente de restauración de la legalidad urbanística y el correspondiente procedimiento sancionador, al considerar que existen informes técnicos y antecedentes judiciales suficientes para actuar sin más demora.

Entre las medidas solicitadas se incluye también la tramitación urgente del expediente, la adopción de medidas provisionales y el precinto cautelar del coso, además del corte de suministros y la suspensión de cualquier autorización para la celebración de espectáculos hasta que se resuelvan las deficiencias detectadas.

El escrito argumenta que mantener activo el comité de expertos mientras no se aborden estas actuaciones previas podría suponer una dilación administrativa injustificada, ya que entiende que la normativa obliga al Ayuntamiento a actuar con celeridad para restablecer la legalidad urbanística.

A lo largo de sus páginas, el documento fundamenta esta petición en diversa normativa administrativa y urbanística, así como en jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la denominada prevaricación por omisión. También recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló en 2022 la licencia de primera ocupación y de apertura de la plaza.

En esencia, el escrito sostiene que el Ayuntamiento debe dejar en suspenso cualquier deliberación técnica sobre el futuro del coso hasta resolver previamente su situación legal, al considerar que el comité de expertos no puede sustituir las obligaciones urbanísticas que corresponden a la administración. Además, reclama la apertura inmediata de los expedientes de restauración y sanción, la adopción de medidas cautelares para impedir el uso del recinto, información expresa sobre los plazos de resolución administrativa y, en último término, estudiar incluso la reversión de los terrenos y la resolución de la compraventa si se confirmaran incumplimientos graves por parte de la mercantil adjudicataria.