En la próxima sesión de plenos del Ayuntamiento de Aranda de Duero será cuando se debata la moción que el grupo municipal de Podemos acaba de registrar. En ella se pide que desde las arcas municipales se establezcan las medidas necesarias “para conceder ayudas económicas que financien la adquisición de material escolar para el alumnado que curse estudios de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria” en los colegios públicos y concertados de la capital ribereña.
Del mismo modo ve necesario que desde el Ayuntamiento arandino se proponga a la Junta de Castilla y León la implantación de un banco de préstamo de dispositivos digitales. El fin, señalan, es que el alumnado de los centros educativos que cumpla con los requisitos de renta, al igual que ocurre con el programa Releo Plus, “puedan disponer de ellos a lo largo del curso académico”.
Desde la agrupación morada entienden que es el Ayuntamiento también el que debe buscar la fórmula para que estas ayudas lleguen a todos los estudiantes que lo necesitan “bien sea mediante el establecimiento de subvenciones, convenios con entidades u ordenanzas que incluyan estas prestaciones”.
Entienden que, en Aranda de Duero, como ocurre en el resto de municipios de la comunidad, hay familias que carecen de los ingresos necesarios para atender a todas sus necesidades. Y con esta ayuda se conseguiría que todos los niños y niñas que asisten al colegio o al instituto dispongan del material escolar necesario. “Existen datos que relacionan esta carencia con dificultades en el aprendizaje de las materias educativas, e incluso puedan llegar a sentir discriminación al no tener las mismas oportunidades”, señala su portavoz Andrés Gonzalo.
En cuanto a la ayuda autónoma, consideran que “debe abandonarse la política individual de subvenciones al material electrónico”, sustituyéndola por la creación de un banco de préstamos de material digital, que esté a disposición de los centros educativos para el alumnado con necesidades. “Esto supondría un ahorro a medio y largo plazo para las arcas públicas y un desahogo financiero para las familias que han de abonar parte del importe de estos dispositivos”, terminan diciendo.
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