Rechazo de la derecha para recuperar la gestión pública de la residencia Virgen de las Viñas de Aranda de Duero

La Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las Cortes de Castilla y León ha rechazado, con los votos en contra del Partido Popular y Vox, la proposición no de ley presentada por el PSOE para que la Junta realice las gestiones necesarias para que la residencia de mayores Virgen de las Viñas de Aranda de Duero vuelva a contar con gestión y titularidad pública. La iniciativa contó con el respaldo del procurador de Por Ávila, integrado en el Grupo Mixto, pero no logró salir adelante.

La propuesta fue defendida por la procuradora socialista Estrella Paredes, quien defendió que la petición no responde a una cuestión meramente terminológica, sino a una decisión política para que “un servicio público, ubicado en un edificio público y financiado con recursos públicos, sea gestionado directamente por la administración”.

 

El PSOE recuerda el acuerdo de 2021

Durante su intervención, Paredes recordó que en 2021 las Cortes autonómicas aprobaron por unanimidad estudiar la recuperación de la gestión directa de la residencia Virgen de las Viñas y de la residencia de Las Merindades una vez finalizados sus contratos.

Según la procuradora socialista, el contrato de la residencia arandina terminó en 2024, momento en el que, a su juicio, debería haberse analizado la reversión. Sin embargo, la Junta optó por volver a licitar la gestión privada durante otros cinco años, con una vigencia aproximada hasta 2030.

Paredes ha cuestionado el cambio de postura del Partido Popular y ha reclamado que se atiendan las necesidades de los usuarios y sus familias. El PSOE ha relacionado su petición con las quejas existentes sobre el funcionamiento del centro, especialmente en materia de personal sanitario y de enfermería.

 

PP y Vox defienden el modelo actual

El Partido Popular ha argumentado que la residencia mantiene su carácter público por su titularidad y financiación, y ha defendido que la calidad del servicio se garantiza mediante la supervisión, las inspecciones y los controles de la Gerencia de Servicios Sociales.

Por su parte, Vox ha cuestionado que la iniciativa socialista se presentara sin datos ni informes sobre el impacto de una posible reversión y ha sostenido que la gestión pública no garantiza por sí sola una atención mejor o más eficaz. Ambas formaciones han situado el foco en la calidad del servicio que reciben las personas usuarias.