La mirada del equipo de gobierno para la próxima gran intervención en el municipio de Aranda de Duero está puesta en la calle San Gregorio. Las obras que se han realizado en los Jardines de Don Diego y aledaños han mostrado los graves problemas en la red de saneamiento que existen en esta vía y, por ello, los presupuestos de 2025 cuentan con 460.000 euros para acometer las obras. Algo que, señala el portavoz del equipo de gobierno Guillermo López, “se tenía que haber realizado hace unos cuantos años cuando se hizo sólo un lavado de cara, porque entonces ya existían problemas en la red de saneamiento, pero se decidió hacer simplemente una operación estética a la calle en vez de hacer una operación completa”.
La concejala de Urbanismo Ana María Hervás, explica que son muchos los problemas de filtraciones que se están provocando desde hace años a los edificios que se encuentran en esta calle. “Ya se conocían entonces y era el momento de haber acometido esta obra, pero simplemente se cambió la pavimentación externa”.
La obra de los Jardines contemplaba una intervención estructural al inicio de la calle, pero la intención es “continuar esa reorganización completa para dejar la zona en condiciones”.
Una compleja obra, la de los Jardines de Don Diego
El nuevo proyecto lo han dado a conocer los miembros del equipo de gobierno en una rueda de prensa en la que también se ha realizado una valoración sobre las actuaciones realizadas en los Jardines de Don Diego y aledaños, que el pasado viernes fueron recepcionadas por el Ayuntamiento arandino.
La concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, reconoce que ha sido una actuación “compleja, prolongada en el tiempo y objeto de mucho debate”. Complejo porque “no estábamos ante una urbanización nueva, sino que se trataba de reorganizar una zona muy complicada por la ubicación en el centro neurálgico de Aranda”. Prolongado en el tiempo porque la falta de documentación sobre redes de comunicaciones y tuberías supuso un hándicap, para una zona “en una zona en la que no se había intervenido desde hace aproximadamente unos 50 años”. Y porque se barajó en la adjudicación un plazo de 10 meses que no se ajustaba a las necesidades.
Y el debate ha llegado de la mano de los ciudadanos que percibían que la obra estaba abandonada y con pocos operarios. “Esas bajadas de rendimiento de la obra a quien más perjudicaba era a la empresa, que en muchas ocasiones no podía seguir trabajando porque le faltaban datos de cómo continuar”, defiende Hervás, quien asegura que se ha tratado de “una empresa local que se ha encontrado con bastantes limitaciones y a la que le ha costado llegar en determinados momentos”.
A ello se ha unido la necesidad de realizar dos modificados de obra por problemas derivados de un primer proyecto con carencias y tres ampliaciones de plazo “que no se han hecho por capricho”. “La demora hasta fecha de hoy está justificada, tanto avalada por los informes técnicos como con un encuadre en la Ley de Contratos del Sector Público”, advierte Hervás, señalando que a día de hoy “no ha habido incumplimiento de la empresa en cuanto”
En datos, de los 2,4 millones de euros por los que se adjudicaron las obras a la empresa Arpape, la cifra ha aumentado hasta llegar a los 2,7 millones a causa de los modificados.
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