Se enfrenta a casi cuatro años de cárcel por denuncia y pruebas falsas

Un joven arandino podría ir a la cárcel por presentar denuncias falsas contra un varón al que acusó de haberle agredido en la calle. No hubo sentencia alguna teniendo en cuenta que tenía una coartada, pero el denunciante elevó la denuncia a otros estamentos judiciales y aportando pruebas falsas con la ayuda de una amiga, por lo que se enfrenta a dos penas que podrían derivarle a él a dos años y ocho meses de prisión, y a ella a dos años.

La primera denuncia interpuesta por el ahora acusado tuvo lugar en junio de 2018. Testificó ante la policía que el otro hombre le había propinado un puñetazo que le fracturó la mandíbula, por lo que tuvo que ser intervenido. También expresaba sus sospechas de que el hombre que le agredió podía haber dañado su coche y a él le atribuía amenazas dirigidas a él y su familia.

Comenzaron las diligencias en el Juzgado de Instrucción de Aranda, pero el caso se sobreseyó al existir una coartada para el acusado. No obstante, el denunciante lo impugnó. Relata la Fiscalía que para justificar la viabilidad del recurso, el denunciante presentó unas pruebas consistentes en capturas de pantalla de conversaciones por wasap en las que la persona a la que denunciaba reconocía haber causado las lesiones y los daños denunciados.

Para ello, continúa señalando la Fiscalía, precisó de la colaboración de una amiga, a la que “previamente había ofrecido una parte de la indemnización que obtuviera a su favor en la eventual sentencia condenatoria”. Finalmente, en la declaración la joven reconoció que eran conversaciones manipuladas.

A los dos se les acusa de un delito agravado de estafa, por lo que se piden un año y ocho meses de prisión para él y dos años para ella. Además, para el joven se solicitan otros dos años de cárcel por denuncia falsa, 1.000 euros de multa; y a los dos el abono de las costas procesales.

A la persona a la que acusaron la deberán indemnizar, solicita la fiscalía, con 4.780 euros por los perjuicios morales y económicos “derivados del inicio y prosecución contra él de un proceso penal injusto”.