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Aranda

Se pagarán las facturas atrasadas

El equipo de gobierno decide retirar la correspondiente a la defensa en el caso de la plaza de toros del lote

29/12/2017 11:44 | Begoña Cisneros
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El pleno correspondiente al mes de diciembre en el Ayuntamiento de Aranda aprobaba por unanimidad la modificación de créditos necesaria para el pago de casi una treintena de facturas que se habían quedado estancadas en el Consistorio. Se trata de una serie de facturas de proveedores de las que no se tenía constancia por parte del equipo de gobierno y que han aparecido en la mesa del despacho de un trabajador municipal al revisar los expedientes en los que trabajaba cuando este se encontraba de baja. Se trata de una situación que desde la oposición ven anómala. El hecho de que la entrada de facturas no se registre da paso a estas situaciones anómalas para un Ayuntamiento totalmente saneado que puede presumir de realizar sus pagos, no sólo en los primeros 90 días, sino en el primer mes de recibir las facturas.

Mario Martín, desde SSPA, quiso remarcar “que es preocupante que hubiese facturas en el despacho de un trabajador municipal que no sabíamos ni que estaban”. En cierta manera el portavoz del equipo de gobierno, Emilio Berzosa, le daba la razón cuando señalaba que “las facturas no entraban por registro general, sino que llegaban al email de este funcionario que las tramitaba directamente con intervención, el problema es que no sabemos por qué esto lleva parado dos años”.

 

Retiran la factura de la defensa a concejales por el tema de la plaza de toros

 

Para la aprobación de este reconocimiento de créditos, el PP optó por eliminar del lote de facturas la correspondiente al pago del abogado Juan Manuel García Gallardo que ha llevado la defensa de los siete concejales del año 2011 que aprobaron la licencia de obras para que la plaza de toros ampliara las dimensiones del ruedo y cumpliera lo necesario para conseguir la licencia definitiva. El portavoz popular, Emilio Berzosa, justificaba su decisión de retirar esta factura de 5.455 euros señalando que la oposición “no está de acuerdo con pagarla a pesar de los informes favorables de intervención” y que el resto de proveedores no tenían ninguna culpa de ello y no debían sufrir más retrasos.

Ante esta retirada el resto de grupos pidió “valentía” por parte del equipo de gobierno para abordar el pago de esta factura con la oposición. “No estamos de acuerdo con ese gasto, pero tampoco con muchos de estos pagos porque no hemos tomado el acuerdo de contratar estos servicios, pero estamos viendo que por no pagar los 5.455 euros que debemos nos va a acabar costando 8.000 porque somos muy cabezones todos, se van a acabar los plazos y nos va a tocar pagar más”, manifestaba Jonathan Gete desde IU.

 

Otros asuntos

La sesión plenaria también desestimaba el recurso presentado por la Junta de personal ante la modificación de las bases para contratar a un letrado mayor para el Ayuntamiento. La modificación se basaba en que el próximo letrado mayor municipal deberá ser habilitado nacional con el fin de que pueda suplir también en las labores de secretaría, algo que no ha obtenido el visto bueno de la Junta de personal.

Asimismo se aprobaba el Plan económico financiero para el próximo año utilizando el presupuestos de 2017 con el fin de no generar inestabilidad presupuestaria. Se trata de un mero trámite para adaptarse a la denominada Ley Montoro, que volvió a ser criticada por los concejales al entender que ahoga a las administraciones locales, incluso cuando las cuentas de estas están saneadas, como es el caso de Aranda, o cuando tienen superávit, como está ocurriendo en Madrid. Al respecto de lo bien que marchan las cuentas en Aranda de Duero, tanto el PP, como el RAP, como el propio PP que gobierna, coincidieron en el buen trabajo que se realiza desde Intervención.

Y del mismo modo se aprobaba la moción presentada por el grupo municipal de IU para renovar la normativa municipal en materia de protección animal que lleva vigente desde 2001. También a instar a la Junta a adoptar aquellas medidas tendentes a la elaboración de un Proyecto de Ley de Protección Animal que sustituya el actual marco normativo, así como a colaborar en el impulso de una verdadera estrategia autonómica contra el maltrato y el abandono, que apoye a las entidades protectoras y refugios económica y técnicamente.

 
 
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